El martes por la tarde el gobierno anunció un acuerdo con las concesionarias de autopistas urbanas para acoger algunas de las demandas planteadas por el movimiento No+TAG, y que incluye la condonación del 80% de multas del juzgado de policía local y de los intereses de deudores de autopistas, así como la rebaja en un 50% de la tarifa que se cobra a motociclistas en carreteras urbanas, entre otras.
En su momento, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló que esto no involucraría recursos fiscales, pero no se tenía claridad si implicaría otras formas compensatorias, como la extensión de los contratos de concesión o un pago al final de esta; fórmula que se ha aplicado con anterioridad en otras negociaciones.
Fuentes de la industria confirmaron que en este caso, y a diferencia de lo que acordó cuando se negoció la implementación de telepeaje o la baja en el reajuste de las tarifas de peaje, no existe ninguna medida de compensación y “corre a su entero costo por el concesionario”.
Pese a que el anuncio calmó los ánimos de la agrupación de automovilistas que se habían manifestado estos días –incluso bloqueando carreteras-, estuvo lejos de convencer a expertos en la materia.
Uno de ellos, es el director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales, Franco Basso, que criticó la medida a través de Twitter calificándola de impresentable, porque esos dineros son parte importante de los fondos municipales por los que pasa una autopista. “En Chile se premia hacer trampa”, dijo.
Otro de los que hizo sus descargos en las redes sociales fue el exsubsecretario de Transportes del gobierno de Bachelet, Carlos Melo, que en la misma línea hizo un llamado a que “los parlamentarios tengan criterio y no caigan en el populismo”.
El secretario de Estado aseguró en una entrevista con Tele13 radio que sólo un 12% a 13% de los infractores pagaba sus multas, y que además, estás prescriben al tercer año, por lo que en realidad las municipalidades de todas maneras no están recibiendo el dinero. En esa línea, las empresas de las cuatro principales rutas urbanas reportaron deudas acumuladas por TAG de US$ 706 millones, aunque no se especifica cuánto de ese monto corresponde a intereses.
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