En concreto, y en la mayoría de los casos, el estallido social se trató a través de tres perspectivas dentro de las empresas. Analizaron la situación interna, las complicaciones para sus trabajadores y los daños producidos por los desmanes. Segundo, examinaron qué medidas y programas complementarios tenían y cuáles que estaban en carpeta podrían adelantar. Tercero, reflexionaron sobre la situación país y cómo las compañías y sus dirigentes debían involucrarse en el proceso de diálogo ciudadano. Asimismo, la mayoría de los grupos consultados por Capital aseguraron adherir a los postuladores que redactó el consejo de la Sofofa la semana pasada.
El directorio de Andina sesionó el martes 29. Fue presidido por Juan Claro y también estaban presentes Eduardo Chadwick, Salvador y Gonzalo Said, José Antonio Garcés, Rodrigo Vergara, Felipe Joannon y Georges de Bourguignon. Este último, quien es socio de Asset Chile y también director de SQM y Tanica, señala que aquí y "en todos los directorios que ha participado desde que se gatilló esta crisis, se ha tratado en profundidad el tema contingente, poniendo un énfasis inicial en el impacto provocado por los actos de vandalismo sobre el personal y las instalaciones de las empresas. Estas últimas se han preocupado de dar apoyo a sus colaboradores, clientes y proveedores".
En el caso particular de Andina, como es de público conocimiento, hubo un saqueo en su planta de distribución de Puente Alto. "En estos casos se revisan todos los planes de ayuda al personal y de protección de la propiedad, para que las condiciones de seguridad de todos los colaboradores sean las adecuadas", indica. Por su parte, explica que Andina tiene programas de responsabilidad social, y que "ahora, con la situación actual, es necesario revisar lo que estamos haciendo, ver qué se puede hacer mejor, qué podemos profundizar, o derechamente mejorar o cambiar". Y concluye: "Creo que entre los directores de empresas en Chile hay un consenso de que debemos reanalizar nuestro rol y nuestra contribución".
La reunión de directorio de CMPC estaba fijada para el jueves 7 de noviembre en Brasil. Pero la emergencia no podía esperar. Así, la empresa controlada por la familia Matte conformó un grupo especial de seguimiento de la situación: la idea es mantener contacto permanente vía telefónica, WhatsApp y a través de comunicación satelital de respaldo. El equipo está encabezado por el presidente de la compañía, Luis Felipe Gazitúa, y por el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle. Además, ahí participan el gerente legal, Rafael Cox, y el gerente de Asuntos Corporativos, Guillermo Turner. A partir del sábado 19, todos ellos comenzaron tres informes diarios sobre el estado de las operaciones de la compañía.
Por su parte, el directorio -conformado además de Gazitúa por Bernardo y Jorge Matte, Jorge Larraín, Jorge Marín, Vivian Blanlot, Rafael Fernández, Ramiro Mendoza y Pablo Turner- ha seguido permanentemente la operación de la empresa y recibe, al menos, un documento al día sobre la situación de la compañía.
Ruiz-Tagle ha visitado las plantas que operan en Santiago, especialmente la de Puente Alto, ha conversado con los trabajadores y dirigentes sindicales y decidió efectuar un pago anticipado a todos los proveedores y contratistas de Empresas CMPC y sus filiales, con el propósito de que estos (muchos de los cuales son pymes) puedan contar con los recursos para efectuar sus pagos a trabajadores. El lunes 28 y martes 29, el mismo Ruiz-Tagle y Gazitúa viajaron al sur del país para recorrer las instalaciones en la zona y efectuar conversatorios con los trabajadores.
Como todos los últimos martes de cada mes, el 29 de octubre, a las 3 de la tarde, Colbún citó a sus directores. La firma del grupo Matte, presidida por Hernán Rodríguez, tuvo como primer tema en la tabla la contingencia. Durante las cuatro horas de conversación y que tuvo asistencia completa, lo más importante fue entender las urgencias, sobre todo el estado de los trabajadores y las operaciones estratégicas. Ahí se conversó el tema del sueldo. Un director dice que se hicieron la pregunta sobre las remuneraciones y se estableció que su política en esta materia no representaba un problema para Colbún: hay menos de 1.000 trabajadores y todos reciben más de 650 mil al mes.
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