Una serie de resoluciones donde se suspenden los plazos de evaluación ambiental de diversas iniciativas se están registrando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). ¿El motivo? Dar espacio para concretar los procesos de consulta indígena.
La demora que se ha registrado en la práctica en la activación de este trámite para estos desarrollos ha provocado que los plazos reales de ejecución de proyectos de inversión se extiendan.
En promedio, desde que un proyecto ingresa al SEIA transcurren 335 días para que se active oficialmente el mecanismo, explica el director ejecutivo de la consultora Presencia Local, Matías Abogabir, al analizar una muestra de 20 proyectos que deben pasar por esta consulta.
La importancia de esto es que mientras antes se inicie este proceso, es más fácil incorporar al proyecto evaluado los requerimientos que surjan de la consulta, coinciden en la industria.
En cualqueir caso, este desfase se produce por varios motivos. Para el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, más que un tema de cómo está organizada la institucionalidad, hasta el momento el problema es de gestión.
Abogabir añade que una parte del problema se explica porque hay iniciativas que ingresaron al sistema antes de que existiera el mecanismo, por lo que tuvieron que adaptarse en el camino a la nueva normativa.
Pero otra parte responde a que en algunos casos se ha dado una suerte de negociación previa a que se decrete el inicio de la consulta, entre la autoridad y las comunidades, sobre las formas en que se hará el proceso y quiénes participan en él.
De todos modos, se ha visto una mejora en los plazos. Desde septiembre el promedio de desfase disminuyó 25%.
Por ejemplo, con la actualización del proyecto minero Quebrada Blanca, que ingresó en julio, se activó la consulta indígena.a los 56 días.
En cambio, en otros proyectos donde este trámite ha partido tarde, se han debido ampliar en general los plazos de tramitación en general pese a que ya los servicios están conformes con el Estudio de Impacto Ambiental. Esto se ha registrado en al menos cuatro casos, comentan en la industria.
De ahí que Irarrázabal enfatiza que cuanto antes comience la consulta, más "fácil" es ir incorporando eventuales solicitudes que surjan por parte de las comunidades.
Los casos más emblemáticos son la hidroeléctrica y la línea de transmisión Neltume. En el caso del primero lleva 632 días de consulta, mientras la línea suma 624 días. Este último ya ha alcanzado protocolos de acuerdos con ocho comunidades. En tanto, para la central el plazo se extendió hasta el período marzo-abril.
Judicialización favorable
Por otra parte, los expertos aseguran que cuanto antes se decrete la resolución que da inicio a la consulta, esto podrá traer beneficios en los procesos de judicialización.
Abogabir explica que ya existe un fallo de la Corte Suprema que no acoge un reclamo de una comunidad de no haber sido consultada, lo anterior dado que pasaron cerca de nueve meses entre que el servicio inició formalmente la consulta y el reclamo levantado por la propia comunidad.
En ese sentido, el establecer una fecha de inicio permite resolver estos temas de forma temprana y, si fuera necesario, incluir a nuevos actores o resolver otras controversias sin afectar el proceso general de evaluación.
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