En medio de la expectación ante un eventual cambio de gabinete en el gobierno, Empresas Penta dio a conocer ayer la renuncia de sus dos socios fundadores a los directorios de compañías del grupo.
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín informaron que renunciaron "voluntariamente" a las mesas de Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta.
Luego, dieron a conocer el pago de impuestos por boletas que fueron objetadas por el Servicio de Impuestos Internos, monto que alcanza a $ 532 millones, aunque sumando reajustes, intereses y multas , la cantidad aumenta a $ 1.191 millones.
"Como es de público conocimiento, el SII ha cuestionado algunas boletas de honorarios incluidas en anteriores declaraciones de impuestos de Empresas Penta S.A. y algunas otras sociedades no operativas de este grupo empresarial, por estimar que no corresponderían a gastos necesarios para producir renta en esas compañías. (...) Pese a que se trata de un caso que aún se discute y se encuentra en una fase investigativa, hemos pagado estas diferencias, incluyendo las multas e intereses, como una muestra de buena fe y de colaboración con la investigación en curso", señala el comunicado.
Mayor tiempo para directorios
Ambos empresarios informaron que, a pesar de las renuncias antes señaladas, se mantendrán como presidente (Lavín) y vice presidente de Empresas Penta S.A. (Délano), "desde donde continuaremos aportando al crecimiento del Grupo y al desarrollo del país. Esta decisión busca que los directores de las diferentes empresas del grupo dediquen el tiempo necesario para cumplir sus funciones y tareas al interior de cada compañía y, a la vez, permite que podamos tener la disponibilidad de tiempo necesaria para concentrarnos en la denuncia del SII".
Según la Ley General de Bancos, no podrán ser directores de estas instituciones financieras "la persona que hubiere sido condenada o estuviere procesada por delito sancionado con pena principal o accesoria de suspensión o inhabilitación temporal o perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos". Por otro lado, la Ley de Sociedades Anónimas, consigna que no podrán ser directores "las personas condenadas por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, y aquellos que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales, o que hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal".
El vicepresidente del holding,
Carlos Alberto Délano,
también renunció al directorio de empresas.
Las esquirlas del caso
El 8 de octubre pasado el SII presentó una denuncia en la Fiscalía Metropolitana Oriente para que se investigue el uso de boletas de honorario falsas contra empresas del Grupo Penta. De esta forma, la fiscalía de Alta Complejidad Oriente contó con las atribuciones para profundizar su pesquisa sobre supuestos aportes ilegales a campañas políticas.
Según el SII, fueron incorporados como gasto a la contabilidad de ciertas empresas del grupo un total de 258 documentos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto líquido de $ 615.745.236. La acción penal incluye eventuales ilícitos tributarios relacionados con el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se habrían realizado, con el supuesto objeto de rebajar la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, por montos que superan los $2.000 millones, en los años tributarios 2009 y 2010.
Cabe recordar que la arista política del Caso Penta surgió luego de que el ex gerente y ex director de Empresas Penta, Hugo Bravo López, revelara que en medio de la campaña electoral de 2013 las empresas del grupo realizaron diversos aportes a candidatos de la elección parlamentaria y presidencial, la mayoría pertenecientes a la UDI. En este sentido, una parte de las donaciones se habría realizado utilizando facturas o boletas de honorarios por servicios que no se habrían realizado.
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