La delincuencia tuvo un costo económico de US$ 10.540 millones en Chile durante 2025, equivalente al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo reveló un estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), presentado este jueves en el seminario “El costo de la delincuencia en Chile: ¿cuánto ha cambiado entre 2013 y 2025?”.
El evento realizado en la Casa Central de la Universidad Católica, estuvo encabezado por el director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Asimismo, contempló la ponencia del director alterno del centro y autor del informe, Leonardo Hernández, así como la exposición del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien habló sobre las principales medidas y líneas de acción impulsadas por el Gobierno.
En sus palabras de introducción, Larraín señaló que “la delincuencia no es solo un problema policial o judicial. Tiene costos que pagamos todos, aunque nunca hayamos sido víctimas”.
Asimismo, destacó que la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de los chilenos, por encima de temas como el empleo y el crecimiento económico.
Por ello, aseveró: "La delincuencia no es una preocupación pasajera, sino una demanda transversal y persistente”.
La jornada incluyó además un panel de conversación con el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson; el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y la exministra del Interior, Carolina Tohá, quienes abordaron los desafíos que enfrenta Chile en materia de delincuencia y plantearon posibles medidas para responder al fenómeno.
Aumento en los costos se explica por alza en gastos en prevención
El estudio utiliza un enfoque de contabilidad de costos que suma los gastos públicos y privados asociados a la delincuencia, considerando los recursos que podrían destinarse a otros fines si esta no existiera. Para ello, clasifica los costos en tres vectores: anticipación, consecuencia y respuesta.
Según el informe, el costo económico anual del delito pasó de representar un 1,99% del PIB en 2013 a equivaler un 3,03% en 2025. Cabe señalar que, según lo explicado en el documento, esta cifra es una cota inferior del costo social, debido a que se excluyen los cambios de conducta por temor, los daños psicológicos, entre otros.
Si bien la cifra del año pasado se ubicó por debajo del máximo de 3,16% registrado en 2024, el indicador se mantuvo por sobre los niveles de hace una década.
El principal factor detrás del alza fue el gasto en anticipación, que comprende recursos destinados a prevenir o disuadir delitos, como la contratación de guardias, la instalación de alarmas y la seguridad privada. Este componente aumentó de US$ 1.627 millones en 2013 a US$ 6.327 millones en 2025, es decir, 3,9 veces más. Además, en cuanto al crecimiento real, esta cifra representa un alza anual de 12%. En síntesis, pasó de representar un 35% del costo total a equivaler un 59%.
En cuanto a los costos asociados a las consecuencias de los delitos, tales como pérdida de ingresos laborales y gastos médicos, esta partida creció un 52% entre 2013 y 2025, alcanzando los US$ 2,025 millones el año pasado. Mientras, los costos de respuesta del Estado, que incluyen el trabajo de policías, tribunales y cárceles, aumentó un 23% en el período, acumulando US$ 2.189 millones por este concepto.
A estos gastos, la actualización del estudio suma los gastos en ciberseguridad de la banca y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que para 2025 sumaron US$ 1.571 millones. Asimismo, se incorporó una estimación de la pérdida de bienestar de las víctimas mediante indicadores de años de vida ajustados por calidad.
El informe también muestra que el aumento de la cifra de la delincuencia recae principalmente en el sector privado. En 2025, los costos privados llegaron a cerca de US$ 8.200 millones, equivalentes al 2,36% del PIB, mientras que los costos del sector público alcanzaron unos US$ 2.300 millones, es decir, un 0,67% del PIB.
Según el estudio, de representar un 1,21% del PIB a inicios del período estudiado, esta proporción creció alrededor de un 50% (2,36%).
“Esto es un impuesto. Le estamos pasando al sector privado el gasto de seguridad, que debiera ser un gasto público, porque la seguridad es un bien público”, indicó Hernández durante su exposición en el seminario.
Como ejemplo de algunos de estos gastos, el académico mencionó la obligación de grabar las patentes de los vehículos en espejos, vidrios y lunetas, una medida que traslada parte del costo de prevención a las personas.
En esta línea, planteó que “una persona que gana varios millones de pesos ni lo siente, pero una persona que gana $ 300.000 no es chiste. Entonces hay un efecto redistributivo (...) la delincuencia no es neutra”.
Además, el estudio desglosó los costos según el tipo de delito. Entre 2013 y 2025, el costo económico de los homicidios se multiplicó por 2,6, mientras que el asociado al robo de vehículos aumentó un 92,6%. También, se registraron alzas en los costos vinculados a lesiones (12,5%) y en los ingresos perdidos de personas privadas de libertad (6,3%).
Arrau apunta a recuperar el rol primario del Estado en seguridad
Durante su exposición, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció que “fuimos olvidando que el rol primario del Estado es la seguridad y (...) fuimos transfiriendo parte de esa responsabilidad al sector privado, a los municipios, siendo que el rol primario del Estado es entregar seguridad, es un bien público”.
El ministro también planteó que esta distribución del gasto tiene efectos desiguales, ya que el “aumento de costo en seguridad, en cámaras, lo hace quien puede”.
“Entonces, para las personas de menos recursos es tremendamente peor y por eso es muy importante el punto de que el Estado se haga cargo en una distribución homogénea o justa”, sostuvo.
En esa línea, Arrau señaló que actualmente el gobierno busca revertir esta tendencia mediante un mayor gasto en seguridad. Como ejemplo, indicó que los presupuestos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería aumentaron alrededor de 9,5% en el erario 2027.
Asimismo, destacó que se estaban trabajando en medidas orientadas a recuperar el control de los barrios más peligrosos y reducir los delitos; fortalecer la prevención para evitar que niños, niñas y adolescentes sean captados por organizaciones criminales; reforzar la protección de las fronteras; recuperar el control efectivo de las cárceles y enfrentar la sobrepoblación penitenciaria; y consolidar la institucionalidad mediante el fortalecimiento y respaldo a las policías.
Para finalizar, Arrau indicó que enfrentar la delincuencia también requería de un cambio cultural para evitar que la inseguridad y la pérdida de control se normalicen . “Las cifras van mejorando, pero creemos que si no nos hacemos cargo del problema cultural, de hacernos cargo y respetar las normas, respetar al otro (...) va a ser una batalla bastante más cuesta arriba”.
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