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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 3 de junio de 2016 a las 04:00 hrs.
Las duras críticas que han expresado los parlamentarios opositores tanto a la presidenta Michelle Bachelet como al gobierno, a raíz de la presentación de la querella por injurias y calumnias en contra de la Revista Qué Pasa, llegarán hoy hasta la Contraloría General de la República, donde un grupo de diputados de Renovación Nacional presentará un escrito, solicitando un pronunciamiento del organismo ante una eventual “infracción al principio de probidad administrativa en que incurren los ministros de Estado y otros agentes públicos al colaborar en gestiones de carácter particular de la Presidenta de la República”.
La iniciativa de los diputados Paulina Núñez, José Manuel Edwards y Gonzalo Fuenzalida surge tras conocerse que el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, y la jefa de gabinete de la mandataria, Ana Lya Uriarte, declararían como testigos en el proceso que se iniciaría a partir de la querella persentada por la Presidenta.
La diputada Núñez, vicepresidenta de RN, explicó que la iniciativa surge, porque “hemos visto que como persona natural (la Presidenta) no está actuando. El vocero de gobierno es quien la defiende públicamente y quienes van a ser testigos en esta causa son funcionarios públicos.Por lo tanto, frente a estas dudas lo que queremos hacer por el bien de la ciudadanía es concurrir al máximo órgano contralor” para que se pronuncie.
Mientras tanto, a través de una declaración pública, la Asociación Nacional de la Prensa señaló que “radicar este debate en el ámbito judicial -solicitando penas de cárcel para periodistas- constituye un mal precedente y un grave retroceso en materia de libertad de expresión e instamos a recurrir a un órgano calificado como es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación para extraer de este episodio conclusiones que enriquezcan el debate público”.
Y, desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa calificó de “intención de amedrentar y abuso de poder” la acción judicial presentada por la presidenta Bachelet.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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