Pescadores Industriales del Biobío se querelló contra quienes resulten responsables por el robo de tres toneladas jurel, hecho ocurrido en altamar, contra un embarcación de la empresa Pesquera Camanchaca, mientras regresaba con la captura del recurso hacia las costas de Coronel.
Las querellas fueron presentadas por el gremio ante el Tribunal de Garantía de Coronel y Lota, luego que la justicia dejara sólo con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la empresa, a los tres imputados por los delitos de receptación y hurto, quienes fueron capturados en flagrancia, tras un procedimiento conjunto entre la Capitanía de Puerto de Lota y Coronel.
Durante el procedimiento, se incautaron 3,3 toneladas del recurso, además de una embarcación menor, presumiblemente utilizada para la comisión del asalto.
Hechos como el ocurrido al “Pehuenco” y a su tripulación son cada vez más frecuentes, comentó el abogado de Pescadores Industriales del Biobío, Francisco García, quien agregó que “los hechos de violencia han experimentado un claro recrudecimiento, registrando entre cinco y seis eventos sólo durante julio”. Esto se debe a que los delitos se concentran en el poco tiempo de recalada de los barcos que logran llegar a puerto con capturas, tras periodos de escasez del jurel en aguas locales.
García explicó además que la industria ha intensificado las coordinaciones con la Armada. “Creemos que pueden existir o existen los medios para fiscalizar este tipo de acciones”, destacando que el objetivo es llegar a tiempo a los puertos, lo que ya ha permitido detener a sujetos en los últimos ocho meses.
El abogado agregó que la justicia está investigando delitos que van desde el hurto hasta el robo con intimidación e incluso “hay un caso que lleva la Fiscalía de Coronel en que hay personas en prisión preventiva, en el que estamos a puertas de llegar a la audiencia de preparación de juicio oral, para el que se están pidiendo penas sobre los cinco años y un día”.
Cambios en la legislación
Pese a los esfuerzos de la Armada, los organismos del Estado como Sernapesca y el Servicio de Impuestos Internos, la justicia y el mismo sector pesquero industrial, desde el gremio insisten en la necesidad de avanzar en una legislación que tipifique con mayor severidad acciones como la incautación y el decomiso de las embarcaciones con que operan las bandas organizadas tras la pesca ilegal.
Según cifras de un estudio realizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la pesca ilegal factura actualmente US$ 430 millones anuales a nivel nacional, generando una evasión de impuestos que bordea los US$ 50 millones.
Francisco García complementó que “utilizan lanchas rápidas de fibra de vidrio con motores de alta potencia, que no llevan artes de pesca y tienen sus números de matrícula borrados”, atribuyendo la operación a una estructura financiada y definida.
La solución pasa, en gran medida por cambios y modernizaciones en la normativa. “La idea no es tan sólo atacar a quienes ingresan a los barcos a sustraer el recurso, sino que también a quienes lo financian, a quienes compran o adquieren este producto”, enfatizó el abogado, señalando el rol clave que deben tener Sernapesca y el Servicio de Impuestos Internos frente a toda una industria destinada a la sustracción.
Lo que está riesgo
El impacto de estas operaciones afecta directamente al tejido productivo del Biobío. El sector pesquero representa el 20% de los envíos internacionales de la región y sostiene el empleo de unos 6.500 trabajadores directos y 6.000 indirectos. Además, la pesca ilegal precariza a la pesca artesanal formalizada, ya que la sobreoferta disminuye el valor de los productos en el mercado.
Desde la mirada internacional, la pesquería chilena cumple con estándares de trazabilidad y sustentabilidad de sus capturas que no sólo han demandado inversiones del sector industrial, sino que le han valido certificaciones globales. Respecto al jurel por ejemplo, el país administra el 66% de la cuota internacional. Su extracción ilegal amenaza con invalidar certificaciones de sostenibilidad internacionales, como el estándar MSC (Marine Stewardship Council), credenciales fundamentales para los mercados de destino.
En pesquerías críticas como la merluza, el mercado negro ya extrae entre dos y cuatro veces la cuota nacional permitida, arrasando con la biomasa disponible.
Frente a la vulnerabilidad de las tripulaciones, que por normativas marítimas internacionales no pueden reaccionar frente a un abordaje, el gremio exige el endurecimiento legal para sustracción de recursos marinos con el mismo estándar y gravedad penal que la actual ley de robo de madera, otorgando mayores atribuciones a la fiscalía y los tribunales para desarticular el financiamiento de esta economía ilícita.
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