El extendido deterioro del mercado laboral llevó al gobierno a mover sus piezas. Con una tasa de desempleo que llegó a 9,5%, el Presidente José Antonio Kast encargó a cinco reparticiones del Ejecutivo elaborar un plan de emergencia, con medidas que permitan enfrentar en el corto plazo la debilidad que exhibe la creación de puestos de trabajo.
La instrucción recayó en los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). El plazo: los próximos tres meses.
Entre las alternativas que están sobre la mesa figuran una mayor coordinación para acelerar obras públicas, proyectos habitacionales e iniciativas regionales que permitan generar empleo. La idea de subsidios es aún menos clara.
De concretarse, este nuevo paso se sumará a Modo Empleo, programa lanzado en julio (y que nació de la mesa interministerial que lidera la cartera de Economía) y que se planteó la meta de crear 50 mil puestos antes de octubre, y a toda la agenda que impulsa el Ministerio del Trabajo, como sala cuna y cambios a la Ley de 40 horas, entre otros.
Y si bien el anuncio se recibió positivamente en el mundo privado, hay cautela. La coincidencia es que las medidas de emergencia pueden ayudar a contener el deterioro durante los próximos meses, pero difícilmente bastarán para conseguir una recuperación sostenible.
Susana Jiménez, presidenta CPC y Soledad Hormazábal, directora de Evidencia en Pivotes. Foto: Jonathan Durán y José Montenegro
Obras públicas
Los expertos confían en el impulso de las obras públicas, pero no creen que alcance para revertir las malas cifras laborales.
“La evidencia muestra que el impacto es acotado y no es inmediato”, dijo la directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud.
Una mejor opción, opinó, sería implementar dobles turnos de trabajadores en proyectos de inversión pública que ya estén en ejecución o programados. “Dada la magnitud de la crisis, todo ayuda”, dijo.
Coincidente con esta visión, el coordinador del Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Frontera (UFRO), Patricio Ramírez, consideró que es “una buena herramienta para el corto plazo, pero no es suficiente. La inversión pública puede crear empleo rápidamente, pero no puede sustituir indefinidamente la capacidad de contratación del sector privado”.
La directora de evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal, también hizo la distinción. “El anuncio es necesario, pero por sí solo no es suficiente”, afirmó.
“Hay una parte del desempleo que es cíclica, pero una parte importante es estructural. Las medidas que involucran mayor inversión pública y gasto en subsidios pro empleo pueden ayudar a contener la crisis en el corto plazo, pero no van a resolver las razones por las cuales las empresas están contratando poco”, señaló.
Por eso, Hormazábal planteó avanzar en “dos velocidades”: adoptar medidas inmediatas que generen puestos de trabajo; y, simultáneamente, impulsar cambios que reduzcan el costo y el riesgo de contratar formalmente.
En una línea similar, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que “junto con esta reactivación de corto plazo, hay desafíos más estructurales que tenemos que abordar. Después de la pandemia, vimos un desacople entre crecimiento y empleo, y los mayores costos de contratación son parte de esa discusión”.
En su opinión, es importante avanzar hacia un mercado laboral más adaptable, con reglas claras y certeza jurídica, “especialmente en un momento en que la inteligencia artificial está transformando rápidamente las tareas y habilidades que demanda el mundo del trabajo”.
Y a una agenda profunda de modernización regulatoria laboral y de fortalecimiento de capital humano, el director de políticas públicas de la Sofofa, Rodrigo Mujica, sumó otro énfasis: “Es necesario complementar la aceleración de la inversión pública con un foco importante en facilitar la concreción de proyectos de inversión privados”.
Según recalcó, además, modernizar la regulación laboral es “una condición necesaria y habilitante” para que la inversión y el crecimiento se traduzcan en más empleo formal.
Al interior del gobierno sinceraron que hay espacio para avanzar en la dimensión de las obras públicas, para lo cual ya estarían listos varios decretos que permitirían agilizar iniciativas. De ser así, el gasto de capital e inversión pública se ejecutarían en un 100% entre agosto y diciembre.
Las mismas cuentas fiscales también darían una mano.
Este martes, de hecho, el gobierno anunció un trabajo conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que anunció que pondrá a disposición del país US$ 6 mil millones en financiamiento durante los próximos cuatro años, con el fin de acompañar las prioridades del Ejecutivo e impulsar la inversión privada para aumentar la productividad y el empleo.
Debate por los subsidios
El otro instrumento que aparece en el diseño del Ejecutivo son los subsidios. La discusión cobra especial relevancia considerando que en octubre comienza a operar el Subsidio Unificado al Empleo (SUE).
Pero también hay dudas sobre el alcance de un instrumento así.
Ramírez lo ve como “una herramienta útil y, conceptualmente, va en la dirección correcta”, pero no cree que por sí solo sea óptimo para enfrentar el escenario actual.
El desafío, explicó, es conseguir que los recursos públicos efectivamente generen empleos adicionales.
El economista ejemplificó con una empresa que tenía previsto contratar a 10 personas incluso sin ayuda estatal. Si recibe el subsidio y finalmente incorpora a esas mismas 10, indicó que existe un costo fiscal, pero la creación neta de empleo atribuible al programa es cercana a cero. Distinto sería, opinó, si el beneficio llevara a esa empresa a sumar trabajadores que de otra forma no habría contratado.
Por ello, planteó que el diseño debería considerar elementos como medición de empleo neto, focalización territorial, duración y formalidad.
Hormazábal también valoró el SUE, pues implica recursos directos para nuevas contrataciones y se focaliza en grupos con mayores dificultades de inserción laboral, como mujeres y jóvenes.
Pero introdujo una prevención: “No es un subsidio pensado para la emergencia”. La economista recordó que desde julio ya se está entregando un subsidio a la contratación que financia el 50% del sueldo mínimo en el caso de los hombres y el 60% en el de las mujeres, por un máximo de cuatro meses y solo para nuevas contrataciones.
El programa contempla 25 mil cupos, una magnitud que, según Hormazábal, permitiría una reducción máxima del desempleo del orden de 0,2 punto porcentual. Por ello, recalcó que, para tener una recuperación sostenible, es “indispensable que vuelva a aumentar la contratación por parte del sector privado, ya que el Estado (ya sea a través de subsidios o inversión pública) no puede ser el motor”.
Abud va un paso más allá y sugirió crear un subsidio de empleo de emergencia, que cree que sería el mecanismo “más efectivo y con mayor alcance”, considerando que tanto la agenda legislativa como una eventual reactivación económica tardarán en reflejarse en las cifras laborales.
“Tenemos la experiencia de la pandemia con el IFE laboral”, dijo.
Desde Sofofa insistieron en abordar los costos de contratación. Recordaron un estudio de su autoría según el cual Chile debería crecer entre 0,6% y 1,1% adicional cada año sólo para compensar el efecto de las reformas laborales ya implementadas o en trámite (alza del salario mínimo, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reforma previsional, entre otras).
Sin esa expansión, se podrían perder entre 387 mil y 712 mil empleos hacia 2033 respecto a un escenario en donde no hubiera aumentado el costo salarial por hora por este conjunto de iniciativas.
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