El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, será uno de los actores clave en el Chile Day, que organiza Inbest Chile, especialmente en Madrid, donde presentará ante inversionistas que son protagonistas en el ámbito de infraestructura y concesiones.
En la capital española sostendrá una serie de reuniones bilaterales con inversionistas –también las tendrá en Londres- y participará en encuentros paralelos, como el organizado el 15 de septiembre por InvestChile, la Cámara de Comercio Española y la Fundación Chile-España, donde compartirá con el embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma; la ministra de Energía, Ximena Rincón y el Director (s) de InvestChile, Juan Pablo Candia.
En esta entrevista con DF adelanta el mensaje central que llevará ante empresarios y fondos internacionales. “El concepto más importante es que este es el mejor momento en los últimos 40 años para invertir en Chile. Creo que están dadas todas las condiciones: jurídicas, económicas y las de facilitación regulatoria, que han sido los tres pilares que ha empujado el Gobierno del presidente Kast para concretar inversiones de alto nivel en muchas industrias”.
Agrega que más allá de la vialidad, también está pensando en salud, con los hospitales; en el ámbito carcelario, e incluso en educación, donde se ha conversado el modelo de concesiones con otros países. “El modelo de concesiones ha sido tremendamente virtuoso para el país, ha logrado acelerar las inversiones y tenemos que volver a reimpulsarlo. Eso significa que tenemos que dar certeza jurídica, dar facilitación regulatoria —no puede ser que un proyecto de concesiones demore diez años en distintos trámites— y empujar aquellos proyectos en que el privado es mucho más eficiente que el sector público. La megarreforma va muy en la línea de todo esto”.
De Grange suma otras áreas donde también espera fortalecer el modelo, como el sistema de aguas, con la desalación como eje —cita el caso de Coquimbo como "bien aspectado"—, los embalses multipropósito para riego, agua potable y generación eléctrica, y el tratamiento de aguas servidas puede en algunas regiones tener un potencial más relevante y en otras, especialmente en el norte el tema desalación tiene un potencial grande. "Empujar el sistema de concesiones, darle legitimidad, estabilidad y certezas a la industria es parte fundamental de esta gestión", resume.
Por otra parte el biministro explica que uno de los temas que se presentará será la posibilidad de que Chile se convierta en un hub de infraestructura para la región.
Tiene la confianza de que van a llegar grandes proyectos mineros a distintas regiones, y de que los corredores bioceánicos permitirán que la producción de países como Paraguay, el sur de Brasil —Mato Grosso, Rondonia— o el norte de Argentina y cerca de Vaca Muerta, se canalice por puertos chilenos como Mejillones y Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso —con el paso Los Libertadores— y en el sur para Vaca Muerta. “Chile tiene infraestructura de muy alto estándar en carreteras, puertos y aeropuertos, y estamos más cerca del Pacífico. Por eso creo que va a ser natural que esos países saquen su producción por acá, y ahí la sinergia entre el MOP y el Ministerio de Transportes permite avanzar más rápido, porque se necesita infraestructura vial y ferroviaria a la par del desarrollo portuario y de proyectos.
De Grange también repasa el estado del sistema de concesiones, los Corredores de Concepción, el futuro del modelo tarifario y sus prioridades de cara al presupuesto 2027.
-En el tema de certeza jurídica, hay una legítima inquietud de algunos inversionistas tras lo ocurrido en el Corredor de Concepción y en el Puerto San Antonio. ¿Cómo va a responder a los fondos de inversión, inversionistas que le pregunten si pueden repetirse situaciones similares?
—El caso de los Corredores del Biobío fue muy excepcional y puntual. El proyecto no presentaba ventajas respecto de la obra pública tradicional, porque no había un modelo de explotación del servicio. Cuando tienes carreteras, autopistas, hospitales o cárceles existe una explotación del negocio en la que el privado es mucho más eficiente como el cobro a usuarios, la gestión de demanda, el mantenimiento, entre otros.
-¿Ya identificaron, dentro de la cartera de proyectos que hay a licitar, cuáles podrían correr una suerte similar?
—Tenemos una cartera de casi US$ 13 mil millones que esperamos concretar en este gobierno, y no solo concretar, sino aumentar a cerca de US$ 16 mil millones. Ya hemos conversado con diferentes empresas concesionarias que llevan décadas operando en Chile y el mensaje es claro: este es el mejor momento para invertir, la nueva Ley Miscelánea da certeza jurídica y mejora los incentivos para la inversión.
Llevamos décadas en estancamiento en materia de infraestructura, ha habido menos proyectos, están tardando más tiempo, están siendo mucho más caros. Yo creo que se ha perdido en los últimos años el impulso a la infraestructura, incluso ha habido una cierta animosidad en contra de la infraestructura, cuando en realidad es el principal motor para reducir la inequidad territorial, porque acerca las oportunidades de las ciudades a los sectores más postergados.
La facilitación regulatoria es eje estructural en este gobierno, apenas asumimos hemos modificado reglamentos, impulsado proyectos de ley para que estos procesos sean más ágiles.
-Pero de la cartera de proyectos que tiene el gobierno, ¿han identificado cuáles no serán concesionados sino ejecutados con fondos públicos?
-El Estado seguirá interviniendo directamente donde el incentivo privado es bajo o inexistente —zonas rurales y alejadas—, pero donde el privado tiene ventajas de eficiencia, financiamiento y gestión, vamos a seguir empujando con intensidad la colaboración público-privada. El objetivo es retomar el impulso de las concesiones y la invitación al sector privado es que ellos propongan proyectos que sean atractivos desde el punto de vista financiero, como desaladoras.
-¿El modelo de concesiones, que tiene ya varias décadas, necesita ajustes de fondo o más bien ampliarse a nuevas áreas?
-Los proyectos más urgentes de infraestructura en Chile ya se desarrollaron en las últimas décadas, esto también está relacionado con la rentabilidad de los proyectos. Pero quedan oportunidades relevantes, sobre todo en las grandes ciudades, y el desafío es que los privados propongan esas iniciativas. A eso se suma el ámbito digital, como los centros de datos, donde hay un potencial gigante.
-O sea a ampliarlo a otras áreas más que a hacerle ajustes al modelo…
-Siempre estamos dispuestos a hacer ajustes, por ejemplo, las tarifas de los TAG, por ejemplo. Ahí puede haber una conversación porque el crecimiento de las tarifas ha sido mayor que el del ingreso per cápita, por lo tanto, como existen reglas del juego clara puedes llegar a acuerdos con las concesionarias para reducir la tarifa a cambio de extender el plazo que es lo que estamos empujando ahora, manteniendo el equilibrio financiero del concesionario.
-¿Cuándo podría haber claridad sobre ese nuevo modelo tarifario?
-Eso va a depender de cada concesión. Hay 17 concesiones distintas que son “potenciales negociadoras del tema tarifario” tanto en regiones como en Santiago. Lo importante es partir con algunas, tenemos algunas conversaciones bastante avanzadas y esperamos, dentro de este segundo semestre, hacer un anuncio. Esa es nuestra expectativa.
-¿Cuántas autopistas concesionadas requieren todavía subsidio?, porque estamos en un minuto de escasez de recursos.
—La decisión de subsidiar autopistas urbanas y suburbanas depende finalmente de la decisión política de qué tarifa se quiere cobrar. En general, la disposición a usar el auto en Chile es alta, y de ahí surge también la discusión sobre el valor de los TAG. Es una mezcla entre nivel de demanda, disposición a pagar, costos de provisión de la infraestructura y política pública; dentro de las ciudades esa disposición tiende a ser mayor, y en sectores periféricos o en regiones el subsidio suele ser más alto.
-Está legitimado el modelo de concesiones?
-Con el tiempo ha bajado su nivel de aceptación social, algo natural porque conforme pasan los años aumenta la congestión y las tarifas siguen subiendo. Pero la pregunta que a veces a las personas se les olvida es que sin la concesión la congestión sería aún peor, y ese contrafactual es difícil de transmitir. Por eso trabajamos junto a las concesionarias para generar una tarifa sostenible en el tiempo.
-Se viene el presupuesto 2027. ¿Su propuesta ya está definida con Hacienda?
-Hemos tenido una primera conversación con Hacienda y tendremos una serie de conversaciones las semanas que vienen.
-¿Cuáles son las tres cosas que más le importa dejar instaladas en su paso por el MOP?
-Que este mensaje de que es el mejor momento en décadas para invertir en Chile se lo apropien las empresas y se concrete. He tenido muchas conversaciones con distintos actores de la industria e insistido en esto, y espero que lleguen iniciativas privadas que lo plasmen. Esperaría que a fines de este gobierno, superemos los US$ 16 mil millones en propuestas de concesión, no solo en temas viales, sino también en agua, cárceles, hospitales y en bordes costeros, que tienen una relación muy potente con la economía local, el empleo, el turismo y el tema climático.
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