El aumento de las economías ilícitas ha dejado de ser un fenómeno ligado sólo a la informalidad para acercarse cada vez más al crimen organizado. Su operación no sólo constituye un delito, sino que afecta a la estabilidad económica, el empleo y la sostenibilidad de los recursos naturales en Chile.
Según el reciente informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), los mercados ilegales movilizan más de US$ 5.700 millones anuales a nivel nacional. Dentro de ellos, el sector pesquero figura como uno de los más golpeados, con un mercado ilícito valorizado en US$ 430 millones al año y una evasión de impuestos que bordea los US$ 50 millones. A estas cifras, se suman las que registra la industria salmonera, con desvíos por US$ 70 millones al año y una merma tributaria de US$ 14 millones.
“Nosotros valoramos este informe porque muestra datos reales asociados a las economías ilícitas que desde los distintos sectores productivos y económicos hace tiempo hemos venido levantando, pero de manera aislada y eso hace que se pierda la magnitud de los delitos”, explica la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda.
“Quién financia esa logística”
El impacto del negocio ilegal afecta de sobremanera a la región pesquera por excelencia. El sector pesquero del Biobío representa 20% de los envíos internacionales y agrupa a cerca de 6.500 trabajadores directos y otros 6 mil puestos indirectos en su cadena productiva. Chile, además, administra 66% de la cuota internacional del jurel, posición de liderazgo que hoy podría verse amenazada frente a los mercados de destino.
Cepeda agrega que en el caso de su sector, las prácticas del comercio ilegal están presentes en distintas áreas de la cadena productiva, evidenciando que se ha instalado como una maquinaria delictual altamente sofisticada.
De acuerdo al informe de la CPC los principales puntos de comercialización de este negocio ilegal son las ferias libres, algunos restaurantes y terminales de venta de productos marinos en Santiago.
La logística detrás de este millonario mercado paralelo requiere de una estructura de financiamiento, un factor que para la industria, implica la participación de bandas organizadas. “Aquí hay toda una cadena asociada, por ejemplo, al transporte (…) Estamos hablando de que los camiones necesarios para este tipo de traslado tienen valores de entre $ 30 y $ 50 millones y de embarcaciones que pueden costar otros $ 100 millones”.
A esto se suma que en las fiscalizaciones aleatorias se ha detectado el traslado de productos con facturas o guías de despacho falsas. “Entonces, ¿quién financia esa logística para que esta economía ilícita ocurra y se mantenga?”, plantea.
Violencia en alta mar
Uno de los aspectos más críticos y recurrentemente denunciados en Biobío es el creciente accionar de los llamados “gatos”, que han modificado su patrón tradicional de asaltar camiones a embarcaciones en alta mar o en zonas cercanas a las recaladas, como ocurre en Coronel.
“El nivel de agresividad ha aumentado, ha escalado y hoy suben con armas de fuego, y la tripulación no puede resistir ni repeler este abordaje. La medida de seguridad es protegerse en el puente de mando”, relata Cepeda, advirtiendo que los protocolos de seguridad marítima impiden a las naves industriales tomar acciones disuasivas violentas frente a un atraco.
Esta tipo de delitos no sólo afecta a los grandes operadores, sino que también destruye el sustento de la pesca artesanal formal al hundir los precios de mercado mediante competencia desleal. “Cuando no hay pesca ilegal, el sector artesanal puede vender una caja de 20 kilos de merluza en $ 30 mil. Cuando hay pesca ilegal, esa misma caja baja a $ 10 mil”, ejemplificó.
A su juicio, esta pérdida de valor para el trabajo formal se ha transformado en una situación “dramática”, más aún cuando el sector pesquero en su conjunto ha asumido esfuerzos económicos y humanos por certificar capturas responsables de los recursos. Por ejemplo, en la pesca de la merluza común, el mercado ilícito extrae “entre dos y cuatro veces la cuota nacional”, vulnerando la talla y época de extracción de la biomasa disponible en el mar.
Trazabilidad y fiscalización
Desde el gremio de la pesca industrial, el aumento de las economías ilegales está ligado a las brechas de trazabilidad y falta de fiscalización estatal. Mientras la flota industrial opera bajo monitoreo satelital permanente y certificación total de sus desembarques, una amplia proporción de embarcaciones menores carece de estas obligaciones.
“No toda la flota artesanal está obligada a certificar sus desembarques. No toda la flota artesanal tiene posicionador satelital”, señala la vocera, argumentando que esto deja al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) operando virtualmente a ciegas. “Pueden salir a patrullar, pero el mar es inmenso, entonces si no tienen identificado dónde está operando esa flota que no tiene trazabilidad, es muy difícil pesquisar a quienes actúan fuera de la ley”, lamenta.
En esa línea, la dirigenta industrial insistió en el sentido de urgencia que requiere la tramitación de nuevas competencias y atribuciones para los organismos fiscalizadores, pues no sólo la industria está en juego, sino también la reputación comercial del país. “Cuando identificas que hay un volumen de pesca ilegal importante a nivel nacional, los mercados internacionales podrían entrar a cuestionar nuestras certificaciones”, como el estándar internacional de sostenibilidad MSC.
Cepeda plantea que las exigencias de control debieran ir en una línea similar a la aplicada en otros ilícitos ocurridos en la Macrozona Sur, como la ley de robo de madera. “Aquí hay que tipificar el robo de pescado y la pesca ilegal como un delito de mayor envergadura que tenga un grado de sanción mayor, como el robo de madera", señala, respaldando el actual proyecto de ley en trámite como la vía necesaria para “darle más atribuciones a la fiscalía y a los tribunales para que efectivamente puedan combatir este delito, pero con penas que sean más efectivas”.
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