La Red de Centros de Pensamiento Progresista salió este lunes a cuestionar el paquete de 22 medidas para reactivar el empleo impulsado por el gobierno y elaborado por la Mesa de Reactivación Laboral.
En un documento de análisis y una actividad junto a parlamentarios de diversos partidos de la oposición, el grupo de investigadores expuso que las iniciativas propuestas carecen de evidencia sobre su impacto en la creación de puestos de trabajo; y advirtieron que varias de ellas apuntan a flexibilizar el mercado laboral a costa de los derechos de los trabajadores.
El documento plantea que el deterioro del mercado laboral responde a factores de carácter estructural, asociados al menor dinamismo económico, el contexto internacional y los cambios registrados tras la pandemia, por lo que consideraron equivocado atribuir el problema exclusivamente a las regulaciones laborales.
A juicio de la red, la discusión sobre empleo debe incorporar el escenario macroeconómico y políticas orientadas a fortalecer la demanda, en lugar de centrarse únicamente en reducir costos de contratación.
A juicio de la red de centros de pensamiento progresista, la discusión sobre empleo debe incorporar el escenario macroeconómico y políticas orientadas a fortalecer la demanda, en lugar de centrarse únicamente en reducir costos de contratación.
Los puntos cuestionados
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el informe de la Mesa de Reactivación Laboral no incorpora evaluaciones sobre el impacto fiscal ni evidencia que respalde que las medidas sugeridas generarán empleo.
Según el análisis, el documento tampoco considera adecuadamente factores como el bajo crecimiento, el menor gasto público o el contexto internacional, concentrando el diagnóstico en las rigideces del mercado del trabajo.
Entre las ideas más criticadas figura la posibilidad de extender hasta 52 semanas el período para promediar la jornada laboral.
La Red opinó que dicha medida permitiría semanas de hasta 52 horas, reduciría la previsibilidad de la jornada y afectaría la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Otro cuestionamiento apuntó a que el gobierno use como referencia experiencias de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sin considerar -dijeron- que, en esos casos, la flexibilidad suele estar respaldada por un alto nivel de negociación colectiva.
El grupo tuvo reparos ante una eventual eliminación de la indemnización por años de servicio para nuevos contratos, el fortalecimiento de la causal de necesidades de la empresa y la ampliación de la polifuncionalidad laboral.
A juicio de los autores, estas acciones facilitarían los despidos y debilitarían la protección de los trabajadores sin atacar las causas del desempleo.
Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, expresó que el país “venía creando empleos en los últimos seis meses antes de que asumiera este gobierno y los dejó de crear en los últimos tres meses”.
Andrés Bustamante, de Fundación Nodo XXI, advirtió que las familias enfrentan nuevas fuentes de incertidumbre; y la exdirectora del Trabajo y representante de Instituto Igualdad, Patricia Silva, aseguró que las propuestas “disfrazan” medidas de empleo por unas que precarizan el trabajo.
Las críticas fueron respaldadas por parlamentarios presentes en la actividad. La diputada Constanza Schonhaut (FA) calificó como “antiderechos” las iniciativas que amplían la flexibilidad laboral, mientras que la senadora Beatriz Sánchez (FA) acusó falta de evidencia técnica detrás de los proyectos del Ejecutivo.
El senador Gastón Saavedra (PS) advirtió que una jornada de hasta 52 horas también debilitaría la negociación colectiva y los derechos sindicales.
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Carolina León
