La apertura del procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia de Pensiones en contra de las AFP, por las caídas de los fondos D y E, recibió el respaldo de los exsuperintendentes del ramo Solange Berstein, Guillermo Larraín y Osvaldo Macías, quienes, en conversación con DF, valoraron la divulgación del inicio de la investigación, pero llamaron a no anticipar responsabilidades.
El fondo E acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, mientras que el D marcó un retroceso de 6,38% en el período
El organismo busca determinar si las administradoras incumplieron el deber de lealtad y diligencia establecido en el artículo 147 del DL 3.500 y en la normativa sobre deberes fiduciarios publicada en 2025.
Evaluación
Para Berstein, la apertura del proceso es “una señal de que la institucionalidad está funcionando”. Sin embargo, advirtió que un resultado negativo no demostraría por sí solo una infracción.
“Una AFP no puede ser sancionada simplemente porque un fondo tuvo pérdidas. Invertir implica riesgo y no se puede exigir a un administrador que acierte siempre la dirección de los mercados”, señaló.
A su juicio, la investigación deberá establecer si las decisiones de inversión fueron adoptadas mediante procesos robustos de gestión de riesgos, con la diligencia exigible y en el mejor interés de los afiliados.
Larraín también calificó el procedimiento como “una buena señal”, porque demuestra una autoridad “que está atenta y que responde”. Macías, en tanto, afirmó que no le sorprende la investigación y “es correcto que se haya iniciado”.
“No me sorprende la investigación que inició la Superintendencia y es correcto que se haya iniciado”, señaló Osvaldo Macías.
El alcance de la investigación
Además, Larraín pidió que la investigación se realice “con la máxima seriedad y diligencia” y advirtió que no puede transcurrir demasiado tiempo antes de que exista un pronunciamiento del regulador, considerando el impacto público provocado por la caída.
“Lo que queremos es que exista una adecuada ponderación de todos los antecedentes que puedan aportarse durante la causa”, sostuvo.
A su juicio, el procedimiento permitirá determinar si las decisiones de inversión se ajustaron a las exigencias aplicables a las administradoras.
Macías coincidió en que la apertura del proceso es necesaria. “No me sorprende la investigación que inició la Superintendencia y es correcto que se haya iniciado”, afirmó, aunque recalcó que todavía no corresponde anticipar su resultado.
El exregulador agregó que una eventual responsabilidad podría alcanzar tanto a las AFP como personas jurídicas, a quienes participaron en su gobierno corporativo y en las decisiones de inversión. “Puede apuntar hacia ambos lados”, señaló.
Berstein también llamó a actuar con cautela. Explicó que en primera instancia, se deberá determinar si existió una infracción y, posteriormente, establecer quién tenía responsabilidad en las decisiones y si hubo un incumplimiento de los deberes impuestos a las administradoras y a quiénes intervienen en su gestión.
A su juicio, el estándar de lealtad y diligencia adquiere especial importancia, porque se trata de recursos destinados a financiar pensiones. “La regulación fija límites, pero la responsabilidad de administrar prudentemente el riesgo no se agota en cumplir mecánicamente esos límites”, sostuvo.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Daniel Vizcarra
