La mesa de trabajo que impulsó el Ministerio de Hacienda para abordar de forma paralela la discusión de la nueva Ley General de Bancos con los asesores parlamentarios de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja logró sacar humo blanco: el Ejecutivo habría conseguido un acuerdo entre los diputados de la Nueva Mayoría y Chile Vamos.
De esta forma, el gobierno conseguiría aprobar mañana el proyecto en general con los votos favorables de ambas veredas políticas según confirman parlamentarios oficialistas y de oposición.
Aún así, estos últimos presentarían sus reparos a la hora de plantear el visto bueno, de tal forma de poder presionar a que el Ejecutivo ingrese indicaciones.
Así se despejaría el camino para que el gobierno pueda aprobar la totalidad de la reforma al sistema bancario más importante desde 1986. Eso sí, sólo en la Cámara, ya que fuentes del oficialismo confirman que La Moneda habría moderado sus expectativas, estimando que la discusión en el Senado se extenderá hasta el próximo periodo presidencial.
¿La razón? Con una agenda legislativa copada que está impulsado la administración Bachelet, tendrían prioridad otros proyectos por sobre la Ley General de Bancos, sin contar además que entrará al Congreso la Ley de Presupuesto y el reajuste al sector público.
Así los esfuerzos del Ejecutivo están en que la iniciativa pase al Senado, sobre todo debido a que tanto el oficialismo y la oposición reconocen que la próxima Cámara de Diputados cambiará radicalmente su composición bajo el nuevo sistema electoral.
Los puntos del acuerdo
Son cuatro los puntos vitales que deberán ser modificados por el ministro Valdés según quienes participan de la mesa.
Uno de ellos corresponde al plazo fijado en 2024 para que la banca se adapte a los estándares de Basilea III, el cual sería cambiado por un periodo de seis años desde la promulgación de la ley.
La posible eliminación de la reserva y secreto bancario que levantó críticas en torno al proyecto, sería otro aspecto respecto del cual Hacienda abre las puertas a analizar. Todo esto a la espera del informe técnico que comprometió la cartera donde aseguraría su constitucionalidad.
Si bien no está del todo cerrado, cercanos a la mesa comentan que existiría consenso en avanzar respecto al perímetro regulatorio y las formas de gatillar los requisitos de capital adicional en el Pilar II. Los expertos explican que lo que faltaría por definir sería el cómo hacerlo, discusión que sería netamente técnica.
Respecto del perímetro regulatorio, los asesores de la oposición señalan que la idea sería crear un marco general de instituciones que puedan ser fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Se podría dar una mayor flexibilidad de los criterios fiscalizadores de la CMF para que no sea solamente banca” explica un asesor.
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