El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), puso ayer en marcha el proceso de fiscalización a las farmacias en el marco de la nueva Política Nacional de Medicamentos anunciado este lunes por el gobierno con 30 medidas que apuntan a reducir el precio de estos productos y aumentar el acceso.
El principal foco de las gestiones en terreno es asegurar que las cadenas cuenten con el stock necesario de medicamentos bioequivalentes a disposición de los compradores. Y para el caso de los establecimientos que no cumplan esta exigencia, la autoridad aplicará multas y la salida del registro sanitario que autoriza su funcionamiento.
El rigor de esta fiscalización fue reiterada ayer por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien advirtió que los locales que incumplan por segunda vez las disposiciones sobre provisión de bioequivalentes serán “clausurados y arriesgan pérdida del registro” en declaraciones al medio digital Pauta. En la oportunidad, aseveró que esta ofensiva “va a ser un incendio en las farmacias de Chile” y que su motivación es frenar situaciones de abuso que “permiten o hacen por ganar más dinero, lo cual es una burla a las personas”.
En relación a las directrices de la fiscalización en terreno, la directora del ISP, María Soledad Velásquez, explicó que “de los 215 productos farmacéuticos del petitorio mínimo de bioequivalentes, son 78 los que deben ser exigidos en las farmacias, y de la muestra que hicimos ayer, al menos el 20% no está presente en las farmacias, por lo tanto corresponde a una infracción”.
En este marco, las principales cadenas de farmacias reaccionaron manifestando que cumplen con las exigencia de disponibilidad de bioequivalentes. “Ayer fuimos fiscalizados en cinco de nuestros locales, demostrando que cumplimos al 100%. Nuestro compromiso es sobre cumplir y estamos trabajando para seguir haciéndolo porque apoyamos la política de bioequivalentes que está impulsando el gobierno”, indicó el gerente de negocios y personas de Salcobrand, Alfred Haindl.
Junto con destacar su “especial esfuerzo por cumplir con la letra y espíritu que indica la ley de bioequivalencia desde su implementación en 2014” y su posición como la “principal red proveedora de acceso a estos medicamentos del país”, desde Farmacias Cruz Verde manifestaron “no tener problemas” en relación a la fiscalización activada desde el ISP y precisaron que no han tenido “noticias de quiebres de stock” en relación a estos medicamentos.
Además de señalar que se “encuentran analizando los detalles” de la nueva política de medicamentos, fuentes de la empresa indicaron que su foco está puesto “sobre todo en cómo el gobierno piensa que se deben hacer las supuestas implementaciones de las medidas anunciadas, ya que en eso parece que se le olvidó ser grandilocuente”.
Por su parte, Salcobrand recomendó que este proceso incorpore tres medidas que ha venido proponiendo en los últimos años: “Queremos comprar a los mismos precios que compra el Estado a través de Cenabast; que los médicos tengan la obligación de recetar por DCI o principio activo, y que el observatorio nacional e internacional de precios transparente los costos de toda la cadena de valor; es decir, desde los costos de producción del laboratorio hasta el precio de venta final”.
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