Tras presentar hace algunas semanas el proyecto que promueve el almacenamiento y la electromovilidad, el gobierno ingresó el 15 de diciembre a la Cámara de Diputados los dos articulados restantes, los que se enmarcan en el proyecto o agenda de transición energética.
El primero de ellos busca acelerar la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional. Esto, a través del aumento de las metas de generación a gran escala, el establecimiento de un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía e incentivos a la generación distribuida.
Actualmente las empresas generadoras tienen la obligación de comercializar un 12% de ERNC a 2020 y un 20% a 2025, debiendo pagar multas en el caso de incumplimiento. Estas metas ya se alcanzaron, y en 2020 las ERNC obtuvieron un 22% de la generación. Por esto, se propone ser más ambiciosos y aumentar la el mínimo hasta un 40% de ERNC a 2030.
También se establece la obligación del Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa el sistema, de contar con sistemas de información para el seguimiento y registro de trazabilidad de la energía eléctrica que se comercializa en el sistema eléctrico nacional. En simple, permitirá a la ciudadanía -por ejemplo- conocer qué proporción de la energía eléctrica que utiliza cierto consumo industrial proviene de origen renovable.
En cuanto a los incentivos a la generación distribuida, se reconoce el beneficio de esta generación en ahorros en transmisión y se facilita el procedimiento de conexión de la generación distribuida. Sobre esto último, se modifica la forma en que la generación se conecta al sistema, ya no siendo responsabilidad de sus propietarios pagar directamente las obras adicionales que permitan esta conexión, sino que exista una tarificación de estos costos de conexión.
Incentivar el hidrógeno verde
El segundo texto que llegó al parlamento busca impulsar la producción y uso de hidrógeno verde, mediante el establecimiento de mezclas del combustible en las redes de gas natural y la habilitación de ENAP para participar en su desarrollo. Se propone que a 2030 las concesionarias de distribución de gas de red deberán distribuir anualmente un porcentaje de hidrógeno verde respecto del volumen total distribuido.
El cálculo del porcentaje a distribuir será tomado cada seis años por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en consideración a un informe de análisis de factibilidad técnica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y de acuerdo a la proyección de factores como la demanda de gas, entre otros aspectos.
Las concesionarias también podrán cumplir con hasta un 50% de la obligación con gases sustentables como biometano, metano sintético y cualquier otro fluido gaseoso combustible sustentable definido por reglamento.
Asimismo, se habilita legalmente a ENAP para desarrollar y comercializar el hidrógeno verde y los combustibles desarrollados a partir de él. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los hidrocarburos, se excluyen los terrenos necesarios para el desarrollo de dichas actividades de la declaración de utilidad pública, para efectos de su expropiación.
Consultado sobre los proyectos, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sostuvo que: “Esta es la década en la que consolidaremos a Chile como país de energías limpias. Con nuevas metas en ERNC y con hidrógeno verde, estaremos limpiando nuestro país y mejorando la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas”.
Así, el proyecto de transición energética ya está en el Congreso, donde hoy continuará la discusión en general de la iniciativa que promueve el almacenamiento y la electromovilidad que fue presentada con discusión inmediata.
A la cita asistirán a Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), y la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol).
Sandra Álvarez jura como nueva
ministra del Primer Tribunal Ambiental
Con el juramento ante la Corte Suprema, la abogada Sandra Álvarez Torres se convierte en nueva ministra del Primer Tribunal Ambiental y se transforma en la primera mujer en llegar al órgano colegiado cuya jurisdicción abarca desde la Región de Arica-Parinacota hasta Coquimbo.
Álvarez juró el viernes pasado ante el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, como ministra titular abogada y en las próximas semanas asumirá como la primera ministra presidenta de un tribunal ambiental en Chile.
En su primera declaración en el cargo, dijo sentirse satisfecha dado que "todo profesional lo que busca es ir asumiendo nuevos desafíos profesionales. Luego, este es un importante escalón en lo que un abogado podría querer desarrollar".
En agosto pasado, la ahora ministra había sido ratificada por la Sala del Senado como ministra titular abogada del Primer Tribunal Ambiental y se estaba a la espera de la firma del decreto de designación y el posterior juramento.
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