Hace cinco días, se dio a conocer en el Diario Oficial la resolución final respecto a la investigación por eventual dumping –práctica que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal- en las importaciones de bolas de acero forjadas para molienda originarias de China, tras poco más de un año del inicio de la indagatoria que se abrió por oficio el 2 de mayo del año pasado.
La Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas, recomendó fijar un impuesto adicional de 5,6% a las internaciones de este producto por un año, algo que fue acogido por el presidente de la República, Sebastián Piñera.
Sin embargo, los detalles de la resolución no se hicieron públicos hasta ahora, revelando que fue una decisión dividida y con posiciones contrapuestas.
Según se consigna en el acta de la última sesión, realizada el 6 de mayo, la Comisión tuvo en cuenta los argumentos de, por ejemplo, Moly-Cop –firma que pidió la medida- y que planteó que existe una amplia evidencia de medidas antidumping en todo el mundo, dada la sobrecapacidad provocada por los estímulos del gobierno chino al sector acerero y de las importantes subvenciones a la industria acerera china, agregando que el mercado siderúrgico del país asiático no se rige por condiciones de mercado, porque el Estado ejerce un rol central como coordinador de las actividades industriales.
El escrito revela que pesó en la decisión la experiencia australiana. Esto, porque en ese país se realizaron dos investigaciones separadas, las que llegaron a la conclusión de que no había condiciones de mercado en China -tanto en las bolas para molienda, como en el de su principal insumo de ellas, las barras de acero-, por lo que se estima que es un mercado del acero distorsionado.
Junto a ello, también se vio el caso de Canadá, que impulsó una investigación por dumping y subsidios a las importaciones de productos de acero laminados en frío de China, la que da cuenta del nivel de influencia que tiene el gobierno en la industria del acero.
La conclusión de la comisión en Chile –que se inclinó por 5 votos a 3 por establecer un impuesto- consideró que existe abundante evidencia de la intervención del gobierno de China, a través de distintos mecanismos y actores, en su industria acerera, por lo que se puede afirmar que está altamente distorsionado y que existe una “situación especial de mercado”.
FNE lideró votos en contra de medida
Mientras a favor de la medida se pronunciaron Cristina Bas (Ministerio de Relaciones Exteriores), María del Pilar Fernández (Ministerio de Hacienda), Rodrigo Krell (Ministerio de Economía), Raúl Opitz (Ministerio de Agricultura) y Pablo Ibáñez (Aduanas), en contra estuvo Ricardo Riesco, presidente de la instancia y fiscal nacional económico, así como los representantes del Banco Central: Marcus Cobb y Beatriz Velásquez.
“No concurre al voto de mayoría, ya que considera que los antecedentes que constan en la investigación no son suficientes para acreditar que en el mercado de las bolas de acero en China, durante el período investigado y respecto de las empresas indagadas, exista una situación especial de mercado, por lo que no correspondería reconstruir el valor normal”, dice el escrito al explicar los argumentos del presidente de la instancia.
Plantea que, si se estimara que en esta investigación se acreditó esta situación especial de mercado y fuese necesario reconstruir el valor normal a través de un impuesto, este grupo “considera que ese solo hecho no habilita para prescindir de los registros contables de las empresas investigadas para calcular el costo de producción en el país de origen”.
También, según el acta, los representantes del Banco Central dijeron mantener dudas de la exactitud de la información que sirvió de insumo para la reconstrucción de costos y, por lo tanto, para establecer la existencia de dumping.
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