A los nudos pendientes que dejará la actual administración en materia minera, como la polémica licitación del litio y la discusión en torno al proyecto de royalty minero, se sumó un nuevo flanco: la venta de diferentes propiedades en Santiago y regiones de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Esto incluye incluso el edificio corporativo de la estatal. La decisión ya genera controversia y motivó a la futura ministra de la cartera, Marcela Hernando, a encender las alertas ante la Contraloría General de la República.
Según se consigna en la página web de Tattersall Gestión de Activos, se busca licitar el edificio corporativo de la empresa estatal, ubicado en Enrique Mac Iver 459. De acuerdo a la descripción que se presenta en el aviso, corresponde a un edificio destinado a oficinas ubicado en la comuna de Santiago, tiene 1.090 m² de terreno y 8.219 m² construidos, los cuales se distribuyen en 10 pisos de 820 m² cada uno.
"Cuenta con muy buena ubicación y conectividad, ya que se encuentra a dos cuadras del Metro Plaza de Armas y del Metro Bellas Artes, además de encontrarse a tres cuadras de la Costanera Norte, una de las principales vías que conectan la ciudad", se detalla, adjuntando una serie de fotografías de las instalaciones.
Se señala que las bases están en proceso de aprobación y que el inmueble se licitará por un mínimo de $ 4.381 millones (138.900 UF). Tattersall cobrará una comisión de un 2% más IVA. Pero, lo más llamativo, es que la fecha de la licitación está contemplada para el próximo 10 de marzo a las 12.00 horas, es decir, un día antes del cambio de mando.
Reacción de Hernando
El sorpresivo aviso habría agitado las aguas al interior del directorio de Enami, pero también de la futura ministra de Minería, quien ejerció inmediatamente una de sus primeras acciones públicas tras ser designada por el presidente electo, Gabriel Boric.
Bajo el rol que aún mantiene como diputada del Distrito Nº3 de la Región de Antofagasta, este viernes envió un oficio al Contralador General de la República, Jorge Bermúdez, solicitando un pronunciamiento respecto a la pertinencia y legalidad del remate de varias propiedades de Enami, incluido el edificio corporativo.
"En forma extraoficial he sido informada que la decisión de enajenar estas propiedades pertenecientes al patrimonio de la empresa estatal no ha sido aprobada por el directorio, cuestión que a mí parecer vulnera los propios estatutos de Enami", sostiene en el escrito.
A juicio de Hernando, "el solo hecho de realizar un remate el 10 de marzo de 2022, a un día de que las nuevas autoridades gubernamentales asuman sus cargos es a lo menos imprudente, y atentatorio contra los principios básicos de la transparencia que requieren este tipo de actividades habida cuenta que Enami es una empresa pública que tiene la obligación de ser cautelosa y celosa en sus procedimientos administrativos".
La decisión también provocó la molestia de los trabajadores de la estatal, quienes piensan tomar acciones legales en la justicia y emprender otras acciones de cara al inminente aterrizaje del nuevo gobierno.
Según comentan fuentes, la decisión estuvo exclusivamente en manos del presidente del directorio de la estatal, Juan Carlos Jobet. El actual ministro de Minería sería crítico de la labor de la firma por los altos y bajos en los que ha transitado.
Investigación paralela
Cabe recordar que en la Cámara de Diputados hay una comisión que investiga la administración y los estados financieros de Enami.
La instancia, que busca determinar eventuales adulteraciones de información, recibió a fines de enero al vicepresidente ejecutivo de Enami, Enrique Valdivieso; y al gerente de la "Fundición Hernán Videla", Marcelo Bustos, quienes expusieron sobre el estado financiero de la empresa y su transacción de venta de cátodos.
Las pérdidas de Enami, entre 2010 y 2020, fueron de US$ 53 millones promedio cada año. Sin embargo, los ejecutivos señalaron que para el año 2021 se ha logrado gestionar un avance operacional más eficiente.
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