Una doble negativa dio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las solicitudes de las operadoras de casinos Marina del Sol (MDS) y Corporación Meier; de frenar las licitaciones de Pucón y Coquimbo; y oficiar a la Superintendencia de Casinos (SCJ) para transparentar cómo revisa el origen de los fondos de los postulantes, respectivamente.
Ambas solicitudes se dieron en el marco de la consulta que Marina del Sol ingresó a principios de junio, en la que solicitó investigar posibles “riesgos anticompetitivos” en licitaciones de Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo; concursos para los cuales finalmente los primeros dos no tuvieron interesados.
En el caso de Pucón, en tanto, el único oferente fue de la sociedad Casino Volcán Pucón S.A.; que hoy tiene detrás a Andrés Raggio, ex gerente de Tesorería de Enjoy; Pier-Paolo Zaccarelli, exdirector de Enjoy; y Gonzalo Grob, ex gerente de Enjoy Pucón. Nicholas Davis, además, socio de EuroAmerica (uno de los actuales dueños de Enjoy), también estaría detrás del proyecto junto a otros inversionistas.
En Coquimbo, por otro lado, el único interesado pertenece al fondo privado Octium, administrado por Alza, cuyos beneficiarios finales –según MDS– no se conocen.
Ambos oferentes fueron cuestionados por MDS –el primero por estar ligado indirectamente a la administración de la operadora y el segundo por su anonimato– y, en consecuencia, postuló que si ambos procesos se mantienen en curso se "consolidaría de manera irreversible el resultado anticompetitivo que esta consulta busca precisamente evitar”.
Por lo mismo, solicitó –además de abrir nuevos procesos de otorgamiento sobre nuevas bases para Viña e Iquique– suspender ambos concursos hasta que las condiciones que lo rigen sean acorde a la libre competencia. Por ejemplo, la operadora sugirió ajustar que la exigencia de continuidad laboral baje del 100% al mínimo legal de 80% del personal.
No obstante, el tribunal calificó que dichos antecedentes expuestos no eran suficientes para justificar la necesidad de la medida para “impedir una afectación de la libre competencia y resguardar el bien común”. Por tanto, de momento ambas carreras se mantienen intactas, con un solo competidor en cada una.
Desde la vereda de Corporación Meier, en tanto, la operadora peruana solicitó oficiar a la Super para que esta explique cómo revisa el origen y la suficiencia de los fondos de los postulantes a las plazas.
En concreto, pidió saber si ese control alcanza a terceros que financien o garanticen la oferta sin ser accionistas, si evalúa la capacidad del postulante de pagar la oferta económica durante los 15 años del permiso y si existen protocolos para identificar a los beneficiarios finales y evitar que se eluda la prohibición que pesa sobre el operador que renunció.
Dicha solicitud, sin embargo, también se rechazó por “innecesario”.