Al igual que hace diez años, la licitación que elige al responsable de la confección de cédulas de identidad y pasaportes, promete ser disputada. Muestra de ello es que antes que se lleve a cabo la recepción de ofertas, agendadas hasta el momento para el 27 de enero, ya asoma el primer conflicto.
Esto, debido a que la empresa que está a cargo del sistema, Idemia, impugnó ante el Tribunal de Contratación Pública el proceso que lleva adelante el Registro Civil.
La empresa, que finaliza su contrato en enero de 2022, acusa que “la entidad licitante modifica las bases de la licitación por medio de las respuestas al foro de preguntas contenidas en una resolución exenta del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República”.
Esto aludiendo a que durante el proceso de consultas que abrió la entidad, donde llegaron 3.124 preguntas que fueron resueltas el 9 de diciembre, se habría aludido a cambios en las bases que no han sido oficializados hasta el momento.
Según la firma, las respuestas de una entidad al foro de preguntas “solo pueden aclarar puntos dudosos de las bases de licitación, más no incorporar nuevos requisitos a las bases y generar inconsistencias en los mismos”.
Al revisar una de las respuestas entregadas -dice el escrito presentado en tribunales-, se adelanta que habría un cambio en las bases. Se señala que “lo consultado será incluido en una modificación de bases, que una vez completamente tramitada será pública y tramitada a través del portal de Mercado Público”.
Idemia acusa que la resolución que buscan impugnar “omite restituir los plazos de formulación de ofertas originarios de las bases”, por lo que se mantienen las fechas estipuladas y las empresas tendrían menos días para formular sus ofertas con la nueva información.
“Lo anterior genera un acortamiento artificial de plazos que dificulta o impide formular ofertas y que, además, genera inseguridad acerca de las reglas de este procedimiento”, indica.
También critica que se incorpore un nuevo criterio, en específico, la exigencia de la certificación common criteria de las cédulas, que es un estándar que verifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad, “requisito que no está claro si se exige como obligatorio en la etapa de admisibilidad de las ofertas o bien en la etapa de implementación del contrato”, dice en el escrito.
Agrega que “la resolución exenta adolece de claros vicios de legalidad en la contratación pública, que vuelven este acto administrativo ilegal y arbitrario”.
Así, la empresa justifica la petición de suspender el proceso frente a que “debido al vicio de ilegalidad que afecta al acto aprobación de las preguntas al foro de respuestas, así como a los anexos aprobados por el mismo, por parte del órgano licitante”.
Esta no es la primera vez que la empresa y el Registro Civil se ven envueltos en una diferencia.
Luego de la realización de una consultoría encargada por el servicio, en 2020 se cursó una multa a la firma de $ 164 millones por no entregar toda la información solicitada por la empresa a cargo, Trébol IT.
La empresa presentó una reclamación por dicha multa ante la Contraloría General de la República, que sigue en trámite, explicó al ser consultada.
Antecedentes del concurso
La licitación para elaborar los nuevos pasaportes por diez años comprende montos por US$ 480 millones. El nuevo sistema busca dotar de mayor responsabilidad al Registro Civil en ciertas áreas de la elaboración de los documentos de identidad. Antes, la empresa se encargaba de la operación y administración de la infraestructura, plataforma, y bases de datos de identificación, PC’s periféricos y ahora lo realizará el servicio.
El concurso anterior se vio envuelto en distintos conflictos, donde la empresa que había presentado la mejor oferta, finalmente no cumplía los requisitos y fue descalificada. Tras volver a evaluar las propuestas, Idemia, que en ese entonces se llama Morpho, terminó adjudicándose el concurso.
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