Pendrives encriptados, viajes de gerentes regionales para coordinar detalles de los acuerdos, mensajes de texto, WhatsApp y almuerzos en el Nolita en Las Condes. Un cartel en pleno funcionamiento que involucra a las principales empresas de transporte de valores fue desbaratado por la Fiscalía Nacional Económica.
El organismo acudió hasta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con un requerimiento contra Brink's, Prosegur y Loomis y seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018, los que afectaron a entidades bancarias y cajas de compensación, entre otras.
Aunque este miércoles se conoció el caso, la FNE tuvo el primer antecedente el 29 de junio de 2018, cuando una persona natural comenzó a postular al beneficio de la delación compensada, lo que se oficializó unas semanas más tarde, en el mes de octubre. Ese aviso y una serie de medidas intrusivas que se realizaron permitieron -según consigna el documento- detectar la práctica, que tenía un complejo sistema de funcionamiento y control.
La Fiscalía pidió que apliquen las sanciones más altas que haya solicitado de manera individual -conforme establece la última reforma legal de 2016-, las que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 63,4 millones.
Así, para Brink's Chile S.A. pide US$ 30,5 millones y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A. el monto es de US$ 25,8 millones. Por su parte para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis) la sanción pedida asciende a unos US$ 6,4 millones.
"Este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo", dijo en una declaración el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
Agregó que "este acuerdo afectó prestaciones esenciales para la adecuada continuidad operativa del sistema financiero y necesarias para el funcionamiento de sectores económicos como el retail, entidades públicas e, incluso, instituciones con fines sociales o benéficas".
Exhorto y posible cárcel para ejecutivos
Las novedades del caso no terminan ahí. La autoridad se fue de lleno en contra de los ejecutivos, lo que abre la posibilidad de que estos terminen en cárcel, como lo establece la legislación de 2016. Esto, de todos modos, sólo se podrá concretar cuando el TDLC haya dictado su resolución y se haya pronunciado la Corte Suprema si es que las partes escalan el caso a ella.
El requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink's), con US$ 115 mil; Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con US$ 104 mil; y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con US$ 88 mil.
Pese a encontrarse radicados en el exterior, la Fiscalía también dirigió su acusación contra los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, director general Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de US$ 135 mil; y Rui Sanches Da Silva, cluster president Portugal y Latam de Loomis, con un monto de US$ 94 mil.
El organismo pidió iniciar un proceso de exhorto para notificar el requerimiento a estos dos últimos ejecutivos, que residen en Uruguay y en Portugal, así como a Malverde, quien fue trasladado y reside en Indonesia desde julio de este año.
"Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley", señaló Riesco.
El modo de operación entre las compañías
En un escrito de cerca de 30 páginas, se dan a conocer detalles de cómo operó el cartel, que alcanzó a funcionar al menos dos años. Primero entre Brink's y Prosegur y, luego, con Loomis, tras haber adquirido Wagner.
Las empresas definieron conjuntamente valores asociados a cada servicio que entregaban. Más de una vez rechazaron solicitudes de firmas para aumentarlos, para no afectar el pacto que tenían con sus competidores, se detalla en el documento.
Según se describe, había contactos frecuentes entre los ejecutivos. Incluso hubo viajes de gerentes regionales de estas compañías al país, exclusivamente para estas reuniones.
Un ejecutivo de Brinks -Alberto Bálsamo- tenía un pendrive encriptado -al que se logró acceder con apoyo de EEUU- donde había planillas de la ejecución de los acuerdos. Los ejecutivos tenían apodos para ser identificados: "los locales", "el sedal", "el portugués" y "el pelao".
La disciplina era tal que, en una oportunidad, Itaú le ofreció a Loomis atender 100 cajeros automáticos adicionales, para reemplazar a Brinks. Se buscaron varios pretextos para no asumir esas nuevas funciones. Incluso se buscó una estrategia conjunta con las otras empresas, para evitar un conflicto entre ellos.
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