Aunque se esperaba un trámite expedito, el proyecto que busca prorrogar la ley de servicios básicos terminó enredándose en su tramitación en el Congreso, pese a que desde este jueves está oficialmente vencida la actual norma que prohíbe el corte de suministros por no pago.
Y si bien en la industria habría consenso en que las interrupciones no se materializarán, entendiendo que hay una prórroga que tarde o temprano se oficializará, lo cierto es que la extensión de la norma se configuraría recién a mediados de este mes.
Tal como fue en el inicio de la tramitación de la ley el año pasado, tanto la Cámara de Diputados como el Senado presentaron iniciativas. Esta vez, se ingresaron cuatro articulados que buscaban prorrogar la vigencia de la ley, dos de la Cámara Baja y otros dos de la Cámara Alta, los que fueron refundidos en sus respectivas instancias.
La Cámara Baja, que fue la primera que empezó a tramitar esta materia, refundió los dos proyectos ingresados y fue aprobado hasta llegar a su segundo trámite. En paralelo, el Senado siguió exactamente el mismo camino. La única diferencia entre ambos articulados es que en la Cámara de Diputados se aprobó extender la ley hasta el 30 de noviembre y en el Senado se optó por prorrogar hasta el 31 de diciembre.
Sin embargo, pese a la diferencia menor entre ambos textos, cada Cámara optó por seguir con sus respectivas iniciativas, por lo que cuando llegaron a las comisiones de la contraparte la decisión fue impulsar el escenario de una comisión mixta.
Así lo explicó ayer el presidente de la comisión de Economía del Senado, Álvaro Elizalde, quien dio cuenta que la comisión de Economía de la Cámara, al recibir el proyecto del Senado, decidió aprobar en general y rechazar en particular. Así, la alternativa que le quedó al senador, tras conversaciones con su contraparte, fue instar ayer al rechazo del proyecto de la Cámara, el que luego en horas de la tarde fue rechazado también en la Sala del Senado. Mientras, el originado desde la Cámara Alta sería revisado mañana por la Sala.
Considerando las elecciones y la semana distrital, fuentes comentan que lo más probable es que esta discusión se cierre la tercera semana de mayo, aunque sea solo un punto en controversia.
De todas formas, aunque la ley está vencida, los clientes pueden suscribirse a convenios hasta el 4 de junio y habría el convencimiento que no se gatillarán cortes por esta normativa en trámite. Mientras este tema se resuelve, sigue pendiente la mesa de trabajo que comprometió el gobierno para buscar una solución de largo plazo frente a la alta morosidad. Según fuentes, la tardanza en su constitución radicaría en que los senadores presentaron esta materia en la agenda de “mínimos comunes”, lo cual mantendría la mesa en suspenso.
Este tema fue abordado ayer en el Congreso por el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, quien reconoció que están “trabajando en diálogo con varios actores de la oposición para ver cómo dar una solución más permanente una vez que termine la pandemia para liquidar y facilitar el pago de esos saldos acumulados a los clientes, sobre todo a los clientes más vulnerables”.
De cara a la posible solución, indicó que un 64% de la deuda total está concentrada en clientes que consumen más de 250 o 200 kWh. “La solución y cualquier apoyo que queramos dar debiera estar focalizada en los clientes de más bajos consumos. Y en los clientes de consumos más altos, que concentran dos tercios del saldo de la cuenta impaga, debiera reponerse llegado el momento la posibilidad de cortar los suministros si no hay pago”, aseguró.
Sobre el proyecto de portabilidad eléctrica en el marco de la reforma a la distribución, Jobet indicó que intentarán presentar esta semana indicaciones al proyecto de la leña para despachar dicho texto “lo antes posible”. “Y después de eso retomar inmediatamente portabilidad”, insistió.
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