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REGÍSTRATE AQUÍFelipe Irarrázabal reclamaba el pago del beneficio, pues a su juicio el cargo que lidera el ente antimonopolios tiene la condición de alto directivo público (ADP).
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 21 de octubre de 2019 a las 04:00 hrs.
Tras permanecer ocho años al mando de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el abogado Felipe Irarrázabal dejó el organismo antimonopolios en agosto del año pasado. Asumió la entidad en 2010, en el primer mandato del presidente Piñera, y fue ratificado en 2014 por la ex presidenta Michelle Bachelet.
A fines de 2018, la FNE recurrió a la Contraloría solicitando un pronunciamiento sobre la procedencia de pagar una indemnización al ex fiscal, por el término de su segundo período de cuatro años. “No tiene derecho a percibir el beneficio”, dijo el contralor Jorge Bermúdez en un dictamen de diciembre del año pasado.
Se solicitó una reconsideración. Así, en un dictamen del pasado 11 de octubre, se señala que se practicó “un nuevo estudio” y se tuvieron a la vista informes del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional del Servicio Civil. “Felipe Irarrázabal Philippi reclama el pago del beneficio económico que señala, pues sostiene que esa plaza -que ocupó por el periodo que indica- tiene la condición de alto directivo público (ADP)”; dice el dictamen de la Contraloría firmado por Bermúdez, en el que se señala: “Siendo la FNE una entidad pública afecta al Sistema de Alta Dirección Pública, y cuyo Fiscal Nacional Económico, en lo pertinente, se encuentra regido por la ley N° 19.882 y las normas particulares fijadas por la ley N° 20.361, tiene derecho a percibir el beneficio que se pretende”.
Irarrázabal tenía una remuneración bruta en torno a los $ 8,8 millones mensuales. Actualmente, es director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
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