Luego de que la superintendencia del sector lanzó este lunes el concurso para renovar 12 licencias a lo largo del país, la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ) manifestó su total rechazo a los términos establecidos en esta licitación para los actuales operadores, y junto con calificarlo como un "proceso ilegal" advirtió que su realización dará curso a demandas contra el Estado en tribunales nacionales e internacionales, estos últimos por parte de inversionistas extranjeros que participan en la industria.
Reiterando las críticas que este gremio –así como las empresas de manera individual- ha efectuado en relación a que la autoridad no estaría respetando el derecho preferente que se estableció al momento de la adjudicación de los permisos en 2005 para su renovación por otros 15 años, la ACCJ señaló que "rechazamos de manera categórica el actuar de la Superintendencia de Casinos de Juegos SCJ, que persiste en un actuar que atenta contra la ley vigente y que está siendo avalado por la Subsecretaría de Hacienda, pese a que se ha señalado la gravedad en la ilicitud en su proceder".
Al respecto, argumentaron que la titular de la SCJ, Vivien Villagrán, aplica "las normas fijadas en la ley de 2015, resolución claramente ilegal, dado que esa misma legislación señala expresamente que 'los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación".
El gremio que agrupa a los operadores de casinos advirtió que "hoy no nos queda otra opción que iniciar acciones legales para defender nuestros derechos, lo que derivará en demandas contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, como el Ciadi, y tribunales nacionales y sus autoridades".
"Esta ruta trazada por la SCJ y respaldada por la Subsecretaría de Hacienda tiene consecuencias muy negativas para nuestro sector", indicaron, enfatizando que implica una violación a sus derechos y a la legislación vigente.
Diálogo con Hacienda
Pese a que la Subsecretaría de Hacienda abrió un espacio de diálogo para trabajar en la resolución de esta controversia, desde el gremio señalaron que "más bien parece querer distraer la atención".
Enfatizaron que el llamado a conversar mientras se desarrolla el proceso licitatorio iniciado por la SCJ "sin lugar a dudas genera una incerteza jurídica que pone en riesgo los US$ 1.400 millones de inversión y miles de empleos que hemos aportado en los últimos 15 años".
Por este motivo, entre los integrantes de la asociación coincidieron en que hoy no están dadas las condiciones para sentarse a conversar, mientras exista un proceso de licitación ilegal en curso.
El punto central en la argumentación de los operadores es contar con "la necesaria certeza jurídica", punto en el cual destacan el oficio que recientemente enviaron los integrantes de la Comisión de Economía del Senado a la SCJ y al Ministerio de Hacienda tras conocer los alcances del nuevo proceso de licitación.
"La certeza jurídica por la que la industria ha clamado pasa por que se respeten las leyes con que el Estado invitó a inversionistas extranjeros a invertir y confiar en Chile", resaltaron.
Entre los puntos que los privados cuestionan se cuenta el trasfondo del proyecto de ley que envió el mes pasado Hacienda para prorrogar por un año los permisos de operación vigentes y que debían renovarse al próximo año.
Esto, por cuanto este aplazamiento trajo aparejado un aumento en un 5% de la tasa del impuesto sobre los ingresos brutos que obtengan estas sociedades operadoras, con lo cual la tasa total asciende a un 25%.
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