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REGÍSTRATE AQUÍLa entidad ha recibido doce consultas de contribuyentes sobre operaciones.
Por: Sebastián Valdenegro Toro
Publicado: Miércoles 23 de agosto de 2017 a las 13:53 hrs.
La reforma impositiva de 2014 incorporó en el Código Tributario un mecanismo que, en su momento, generó mucha controversia en el mundo privado y entre los juristas: la Norma General Anti Elusión.
La normativa -que comenzó a regir el primero de octubre de 2015-, establece que el SII podrá calificar como elusivos actos u operaciones mediante los cuales los contribuyentes reduzcan su carga impositiva. Eso sí, el organismo le reconoce a la persona el derecho a la economía de opción (o sea, establecer la mejor manera para cumplir sus obligaciones tributarias).
El fiscalizador ha puesto la lupa en a lo menos 15 conductas o situaciones que podrían ser calificadas como elusivas. Así lo revela la abogada jefe de la Oficina de Análisis de Elusión, Claudia Gajardo, quien detalla que entre las principales operaciones que están analizando se encuentran importaciones y eventual elusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), operaciones de leasing internacional, distribuciones de utilidades a no residentes, vehículos de inversión, reorganizaciones societarias y seguros de vida, entre otras.
Esto se encuentra en una etapa previa a la administrativa, que es cuando el SII se apresta a presentar una acción penal por vulneración a la Norma Anti Elusiva.
"Estas situaciones las recogemos de las propias fiscalizaciones que ha realizado el servicio. También nos hemos nutrido de información proporcionada por la OCDE sobre esquemas tributarios agresivos", destaca.
Asimismo, la ejecutiva plantea que Impuestos Internos se encuentra analizando ampliar el catálogo de actos elusivos, publicado el 30 de noviembre del año pasado y que contempla 12 situaciones que podrían ser objetadas a través de este mecanismo.
¿La idea del documento? Que funcione como una guía que oriente a los contribuyentes acerca de las planificaciones que el servicio estudiará para evaluar si buscan generar ventajas tributarias artificiales y desproporcionadas.
"Estas situaciones que estamos analizando pueden dar origen a incluir o actualizar el catálogo de esquemas tributarios. En este sentido, como servicio queremos ser muy transparentes y destacar que la norma no tiene un fin recaudatorio, sino que la idea es utilizarla con un criterio preventivo", dice.
Una vez que el SII califique los actos como elusivos, deberá presentar una acción penal ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). Según reconoce Gajardo, a la fecha el organismo aún no presenta acciones legales ante los TTA y plantea que están "lejos" de llegar a la vía penal en esta materia.
Con todo, el SII ha recibido 12 consultas -tanto vinculantes como no vinculantes- sobre si determinados esquemas podrían ser objetados por la autoridad. "Las materias de consulta, hasta la fecha, van desde operaciones internacionales hasta transferencias de promesas de compra y venta locales, entre otras", puntualiza Gajardo.
El socio de Tax & Legal de Kreston MCA, Cristián González, señala que el grado de incertidumbre es "mucho mayor" entre los contribuyentes producto de la norma, lo que los obliga a efectuar "más consultas" a sus asesores tributarios.
"Si uno hace un análisis de las consultas generales y las de elusión, en la mayoría de los casos consisten en la confirmación de criterios ya existentes, revisados bajo el actual prisma de las normas anti elusivas, con el consiguiente retraso y entorpecimiento en la generación de negocios", advierte.
Mientras que el socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, señala que hay "diversas percepciones" sobre este tema entre los clientes:
"Desde aquellos que piensan que la Norma Anti Elusión es simplemente un aspaviento para disuadir a los contribuyentes de eludir -pero que no tendrá mayor efecto en la práctica, salvo en casos extremos-, hasta aquellos que sospechan que algo cambió de forma importante y que ahora existe una menor tolerancia ante las prácticas elusivas", plantea.
La instancia también aprobó el Estatuto de Promoción de la Innovación impulsado por el Ejecutivo, que da un crédito tributario de 35% y exención de ganancias de capital a quienes inviertan en startups certificadas por Corfo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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