Se impuso pragmatismo, el "realismo político" en la negociación que promovió el gobierno con Chile Vamos para evitar que la oposición impugne ante el Tribunal Constitucional (TC) la gratuidad en la educación superior, contemplada en el Presupuesto 2017.
El diagnóstico del ejecutivo era devastador: considerando que cuatro elementos formulados en las glosas del proyecto no se ajustan a los fallos del TC de 2015, "es plausible considerar que el tribunal podría suprimir las diferencias de acreditación entre las universidades estatales y el resto de los planteles para adscribir a la gratuidad, la prohibición de no tener fines de lucro para universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que quieran acceder a la gratuidad, y la diferenciación institucional existente para el otorgamientos de becas".
Eso notificó La Moneda a los legisladores oficialistas mediante un documento, donde puntualizó que, ante un eventual fallo adverso del TC, ni con una ley corta podría corregir el indeseado escenario donde la gratuidad será accesible a planteles con fines de lucro y, además, donde las becas Bicentenario (para entidades Cruch con un promedio de $ 2.200.000 anuales de referencia) y las Nuevo Milenio II y III (de $ $ 600.000 con dos años de acreditación y $ 860.000 con tres, sin fines de lucro) se podrían extender a todos los planteles de enseñanza superior, independiente de si lucran o no, lo que, según la advertencia del gobierno, "provocaría una fuerte presión fiscal".
Así, y luego de incontables reuniones y llamadas telefónicas, y varias modificaciones en el protocolo de acuerdo, La Moneda convenció a la derecha y también a la Nueva Mayoría. A los primeros, ampliando en 3.500 las becas Bicentenario para universidades privadas, eliminando la exigencia de estar adscrita al Sistema Único de Admisión y estableciendo el requisito de que el 80% de sus alumnos tengan un puntaje promedio de 450 puntos en la PSU; obligando a los planteles que no tienen cuatro años o más de acreditación a lograrlo en el próximo proceso; y abriendo la posibilidad de gratuidad para los CFT e IP con cuatro años o más de acreditación y sin fines de lucro, con la beca Nuevo Milenio III ($ 900.000 como arancel de referencia).
A la NM, el gobierno la persuadió estableciendo el requisito de puntaje promedio de 450 puntos, lo que excluiría a las universidades del grupo Laureate (que ha reconocido que extrae utilidades para reinvertirla en el extranjero); inyectando una cifra cercana a los $ 5.000 millones para fortalecer las universidades estatales; y moderando la exigencia de 2,7% anual que tienen estos planteles, para incrementar su matrícula.
"Vamos a respaldar el acuerdo para no incurrir en el riesgo altísimo que se nos derrumbe el edificio entero", expresó el diputado oficialista, Pepe Auth, mientras que algo más reticente fue la legisladora PC, Camila Vallejo, quien expresó que "no está totalmente asegurado" que los recursos públicos no sean retirados como utilidades.
De aprobarse las indicaciones sobre gratuidad en la comisión mixta, éstas deberían ser ratificadas hoy por las salas de la Cámara y el Senado.
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