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REGÍSTRATE AQUÍPor: Sebastian Valdenegro
Publicado: Jueves 6 de marzo de 2025 a las 04:00 hrs.
Foto: Rodolfo Jara
La revisión de los decretos visados durante enero da cuenta de que prácticamente todas las partidas fueron objeto de alguna rebaja en sus gastos en personal y en bienes y servicios de consumo. El criterio de Hacienda y Dipres fue eximir a algunas áreas y no afectar programas, como en Carabineros, PDI, Gendarmería, salud primaria, educación escolar y subsidios de vivienda, por citar algunas.
La Cámara de Diputados fue la principal corporación del Legislativo objeto de recortes, con una rebaja de $ 1.529 millones para partir el año. Eso sí, no estuvo muy lejos del ajuste que afectó al Senado, por $ 1.124 millones. La Biblioteca del Congreso también sintió el peso de las medidas de austeridad.
El Poder Judicial fue una de las entidades que públicamente se quejó del recorte de gasto que preparaba Hacienda y la Dipres. En enero, dicho poder del Estado vio una reducción de más de $ 10.600 millones en su presupuesto, que en su totalidad se concentra en desembolsos en personal. La Corporación Administrativa del Poder Judicial también fue objeto de un recorte relevante, con más de $ 5.700 millones.
La Presidencia de la República buscó “dar el ejemplo” y se apretó el cinturón en $ 592 millones, de los cuales más de la mitad corresponde a bienes y servicios de consumo y el remanente a menores recursos para personal.
En los ministerios políticos también se sintió el ajuste: a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) se le redujeron casi $ 520 millones, mientras que a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) cerca de $ 300 millones.
Ad portas de que se transfieran las facultades en materia de seguridad a la nueva cartera de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior no estuvo exento del recorte presupuestario de enero.
Así, la jefatura del gabinete tuvo su ajuste más significativo en los más de $ 9.600 millones rebajados a los Programas de Desarrollo Local, así como los más de $ 5.200 millones menos para transferencias de Gobiernos Regionales (Gores). La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Administración de Complejos Fronterizos también destacaron entre las reducciones.
Como se definió en la discusión legislativa, el recorte de gasto en el Ministerio de Salud no afectaría a los programas de atención primaria. Pero aquello no significó que no hubiera ajustes de cinturón en la cartera.
Así, la Subsecretaría de Salud Pública fue objeto de rebajas por $ 5.600 millones, la mayoría provenientes de gastos en personal. La inversión sectorial en salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales también vieron reducciones de recursos, al igual que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
En el Ministerio de Educación se registra una cantidad importante de programas con recortes presupuestarios, lo que no es de extrañar considerando la cantidad de recursos y entidades relacionadas al Mineduc.
Así, el programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública fue el principal ítem de rebajas, con $ 5.386 millones, lo que representa un 1,2% de sus recursos.
El programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, la Subsecretaría de Educación y los gastos administrativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) también destacaron entre los montos globales.
Los fondos reducidos para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) encabezaron el ajuste en el Ministerio de Desarrollo Social, con más de $ 5.700 millones, en una partida donde también sobresalieron las rebajas a programas de cuidados alternativos y de apoyo a la generación de ingresos autónomos.
Una de las polémicas que marcó enero fue el recorte de gasto por más de $ 7.000 millones que afectó al Ministerio Público (un 2,4% de su erario), lo que llevó a la entidad liderada por Ángel Valencia a pedirle a Hacienda revertir dicha decisión.
El decreto aprobado por la Contraloría se desglosa en $ 4.200 millones menos en gastos en personal y $ 2.730 millones menos en recursos para bienes y servicios de consumo.
Valencia y el ministro Mario Marcel acordaron a inicio del año darle una mayor flexibilidad presupuestaria a la Fiscalía en el curso del año, lo que de cierta manera aliviaría el efecto del recorte original.
En miles de $





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