Septiembre no solo es el mes de las Fiestas Patrias, sino que representa la recta final de la presentación de la ley de Presupuestos al Congreso. Y, en este caso, el erario 2027 será el primero elaborado por la administración de José Antonio Kast, con Jorge Quiroz al mando de Hacienda y José Pablo Gómez a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Hasta el minuto, la preparación del proyecto ha estado marcada por la pública solicitud de recursos de algunos ministros, como los titulares de Vivienda, Iván Poduje, y de Salud, May Chomali, así como el anticipo de parte de Quiroz de que el gasto fiscal crecerá no más de 1% el próximo año. El Presupuesto para 2026 que legisló el Congreso considera un avance de 1,7%.
Más allá del guarismo, el erario incluirá novedades, algunas de las cuales ya ha ido adelantando el Ejecutivo ante parlamentarios; y también con medidas que ha ido aplicando en los casi seis meses de administración, como el recorte del gasto público de unos US$ 2.000 millones que se ha ejecutado y que será permanente para 2027.
Cruce de datos
Quienes conocen los pormenores del trabajo de cara al Presupuesto explican que la presentación del erario no se enfocará solo en la programación financiera 2027-2031, o en cómo cambian los recursos de determinadas partidas, sino que también se incluirá un apartado especial relacionado con la identificación de lo que Quiroz ha denominado el “fraude social”.
Esto se refiere a beneficios estatales que están siendo percibidos por personas de altos ingresos sin que les corresponda o que estarían incumpliendo las condiciones para acceder a ciertas prestaciones.
Ejemplos de aquello han proliferado en los seis meses de gobierno, como los miles de morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciben rentas mensuales superiores a $ 1,5 millones; personas que han incumplido compromisos por Becas Chile por estudios de posgrado en el extranjero; el mal uso de licencias médicas; personas que no cumplen requisitos para acceder a la gratuidad universitaria; y posibles adulteraciones de información en el Registro Social de Hogares (RSH) para acceder fraudulentamente a prestaciones del Estado.
En la presentación del Presupuesto, Hacienda y la Dipres incorporarán detalles respecto a descubrimientos de mal uso de recursos en estos beneficios, lo que implicará en varios casos recortes de gasto en dichas partidas.
En este marco, un análisis que promete marcar la discusión en el Congreso será el relativo a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Uno de los programas sociales estrella, cuyo gasto fiscal asciende a cerca de US$ 6.200 millones y beneficia a más de 2,2 millones de personas, ha sido motivo de cruces de datos de distintas instituciones estatales -como el Servicio de Impuestos Internos- para revisar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de patrimonio e ingresos totales del grupo familiar, fallecidos y menores de 65 años, entre otros, para acceder a la prestación.
Esto, considerando que el requisito para recibir la PGU es no pertenecer al 10% más rico de la población.
El análisis de la Dipres también abordará potenciales usos indebidos del Subsidio Único Familiar (SUF), el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS-49), el Aporte Previsional Solidario (APS) de Invalidez, e instrumentos de medición como el RSH, y el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).
Analizar gasto de leyes vigentes
Adicionalmente, la Dipres buscará impulsar el debate sobre los gastos permanentes, ya que la Constitución establece que no se pueden rechazar los gastos establecidos en leyes permanentes, lo que -en la práctica- implica que no solo se aprueban gastos en las prestaciones, sino también los desembolsos operativos para la entrega de esos beneficios, como sueldos, arriendos y la compra de bienes y servicios de consumo.
Gómez ha invitado a los parlamentarios a consensuar una definición respecto a lo que son los gastos permanentes, ya que una lectura “estricta” de lo que dice la Carta Magna concluiría que el gasto de ese tipo de leyes incluiría el personal de planta y los programas legislados.
“Dudo que el legislador haya pensado que un programa legislado, voy a usar la PGU como ejemplo, deba prescindir de personal de contrata o a honorarios que lo ejecute, deba prescindir de una casa o de un computador que le permita hacer el chequeo, o deba prescindir -los que fiscalizan- de una camioneta donde tenga que ver que el beneficio esté correctamente entregado”, dijo el director de Presupuestos, el 17 de agosto en el Congreso, haciendo un llamado a trabajar para identificar como permanentes también los gastos necesarios para la entrega de esos beneficios permanentes.
“Existe una serie de gastos de gestión asociados a la entrega de beneficios permanentes. Se recomienda una definición de trabajo que dé más coherencia con el sentido constitucional y a la vez que permita una votación más informada de parte de ambas cámaras”, expuso el titular de Dipres, en una invitación a los legisladores a revisar.
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