Parte de la plana mayor de Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini, llegó ayer hasta el palacio de La Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. El CEO de la firma, Matías Domeyko, y el gerente de Asuntos Corportativos y comerciales, Charles Kimber, fueron vistos en la sede de gobierno y aunque trascendió que tenían una reunión previamente programada con la autoridad, la contingencia del ataque incendiario que redujo a cenizas 29 camiones de la firma de transportes Sotraser, se robó la agenda.
Conocedores de la cita comentaron que ambos ejecutivos inquirieron a Aleuy respecto de los pasos que el gobierno está siguiendo producto de este ataque, ya que la firma controlada por el holding Bethia, ligado a la familia Heller-Solari, es uno de los proveedores de servicios de carga de Arauco, una de las dos empresas forestales más importantes del país y por estos días, el principal de los negocios de Empresas Copec, el holding del grupo Angelini.
El objetivo inicial de la cita era comentar a la autoridad respecto del plan extraordinario para enfrentar incendios forestales que el directorio de Arauco aprobó a inicios de este mes y que considera 14 medidas como la ampliación de cortafuegos y la pesquisa de intencionalidades, luego que los episodios de enero pasado les consumieron más de 80 mil hectáreas de bosques lo que les dejó impactos por unos US$ 240 millones.
Si bien algo de esto se trató en la cita de ayer en La Moneda, fuentes precisaron que el tópico principal del encuentro fue expresar la preocupación de la firma por el nivel alcanzado por estos ataques.
Fue así que el gremio que agrupa a las empresas forestales, la Corma, reconoció “consternación” e “impotencia” frente al nuevo atentado. “El Estado ha mostrado incapacidad total de garantizar sus derechos constitucionales a los habitantes de la Araucanía y áreas afectadas de Los Ríos y Biobío Sur”, dijo.
El gremio también advirtió que “no habrá acción decidida por parte del Estado para enfrentar estos hechos mientras no exista y se manifieste un rechazo transversal y radical a la violencia desde el ámbito político, aspecto fundamental para respaldar la acción institucional”.
La acción también motivó el rechazo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). “Es un acto que demuestra que las expresiones de violencia se están radicalizando cada vez más, ya que hace solo ocho días otro hecho de similares características dejó una veintena de vehículos incendiados en La Araucanía”, dijo el presidente del agro, Ricardo Ariztía.
Su crítica fue más lejos y dijo lamentar “el fracaso en la estrategia de inteligencia del aparato estatal, ya que no ha sido capaz de prever que estos hechos de violencia se podían repetir”. Y agregó: “Está claro que en el sur existen células extremistas que están operando con total impunidad y es tiempo de aplicar el máximo de rigor de la ley para erradicarlas”.
Al repudio también se sumó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) condenando “terminantemente” el hecho. Su presidente, Alfredo Moreno, aseguró que “garantizar la paz, la seguridad y la posibilidad de desarrollar una actividad productiva constituyen obligaciones esenciales del Estado chileno, que no están siendo ejercidas como es debido”.
Moreno hizo un llamado “urgente” a las autoridades del Estado a realizar sus máximos esfuerzos y tomar las acciones que corresponda para hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, “garantizando la protección de los derechos de quienes viven y trabajan en las regiones que están siendo frecuentemente afectadas por atentados terroristas, que claramente no constituyen hechos aislados”.
La pelea con Abbott
El gerente general de Sotraser , Claudio Troncoso, no se quedó atrás y se encargó de responderle al fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazando enérgicamente las declaraciones de la autoridad que habría responsabilizado a las empresas por no tener mayor protección.
“Nuestro foco está en el desarrollo económico y social de Chile. Mantener la seguridad y paz de los chilenos es tarea del Estado”, enfatizó Troncoso.
En esa línea, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), también comentó las declaraciones del Abbott, manifestando su “total sorpresa, ya que en los hechos está llamando a los particulares a asumir la primera y más importante tarea que le compete al Estado: garantizar la seguridad de sus ciudadanos”. Calificó la situación como “dramática” y que “tenemos que reconocer que como sociedad hemos fallado”.
El fiscal no fue el único que salió al ruedo. El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, apuntó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, de ser el responsable de los atentados. “Nos aburrimos de denunciar los atentados, de mesas de trabajo y reuniones que finalmente son solo una estrategia del Ejecutivo para no enfrentar los problemas con la decidida voluntad de solucionarlos”, señaló el líder gremial.
Además, convocó a las asociaciones del gremio a una reunión de urgencia para este martes a las 11:00 horas para determinar las medidas a seguir.
Ejecutivo invoca Ley Antiterrorista por violencia en Los Ríos
Temprano se encendieron ayer las alertas en el Palacio de gobierno, luego que las autoridades de la región de Los Ríos informaran del ataque incendiario ocurrido durante la madrugada, en la ruta que une Valdivia y San José de la Mariquina y afectó a 29 camiones de la empresa Sotraser, perteneciente al grupo Bethia, que presta servicios a empresas forestales.
El hecho, que fue calificado durante la tarde como un atentado ante lo cual el gobierno presentará una querella por Ley Antiterrorista, obligó al ministro del Interior Mario Fernández a convocar con carácter de extraordinario para las 07:00 horas de la mañana, a una reunión del comité policial para analizar con Carabineros y la PDI los pasos a seguir.
Tras la cita y mandatado por la presidenta Michelle Bachelet, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, viajó a la región para coordinarse con las autoridades civiles, policiales y judiciales, de la zona, las acciones a seguir.
En paralelo, y mientras la mandataria finalizaba su participación en el Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Enape), advirtiendo que: "Vamos a combatir la violencia. No vamos a tolerar que grupos minoritarios que no valoran el diálogo, echen por tierra el gran esfuerzo que todos los actores de las regiones del sur están haciendo para promover el desarrollo y superar la exclusión", el ministro Férnandez salía de La Moneda rumbo al Ministerio Público para reunirse con el fiscal nacional Jorge Abbott y en conjunto analizar la situación registrada en la región de Los Ríos.
Así al termino de la cita y junto con agradecer la disposición de la fiscalía, el jefe de gabinete comentó que "hemos conversado sobre la gravedad del asunto, también sobre la necesidad de que tanto las instituciones como todo el país no se amedrenten con este tipo de sucesos".
El fiscal Abbott llamó a los empresarios a tomar medidas de resguardo. "Pienso que los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente cuando estamos en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe", lo que generó la molestia de la firma afectada asi como de los gremios empresariales perjudicados por los hechos de violencia ocurridos en el sur del país (ver nota central).
Una apreciación con la que coincidió el ministro Fernández, quien tras reunirse -además- con el ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, señaló que "es cierto también de que cada uno tiene que hacerse cargo de sus asuntos, por lo tanto la Fiscalía Nacional tiene toda la razón cuando señala que las empresas también deben tomar medidas de seguridad".
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