Un respaldo mayoritario en la Democracia Cristiana, una votación dividida en el PPD, y el rechazo de los partidos socialista y comunista. Con este saldo se retiró ayer el gobierno de la Cámara de Diputados luego de analizar los puntos más conflictivos de la reforma laboral. También con la tarea incumplida de despachar el proyecto en marzo.
Lo anterior, en una jornada en que los integrantes del comité político se desplegaron cada uno en su feudo. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunió con los diputados del PPD; el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, con la bancada socialista; y la titular del Trabajo, Ximena Rincón, con el comité de la DC.
En los tres encuentros, el Ejecutivo entregó el mismo mensaje: la necesidad de respaldar el proyecto del gobierno y el acuerdo que se construyó en el Senado, es decir, apoyar las "adecuaciones necesarias" en la huelga, la obligatoriedad de la negociación colectiva interempresa (con salvedades para micro y pequeñas empresas), y la norma que permite a una empresa mandante contratar nuevos servicios cuando una firma subcontratista enfrente una paralización.
La DC "en su conjunto" respaldó al Ejecutivo, según expresó Rincón. Sin embargo, un grupo de diputados exigió "una redacción más clara" en la norma de huelga, para establecer que "las funciones convenidas en los contratos" deban ser realizadas habitualmente. Para al menos cinco legisladores, el "principio de realidad" argumentado por la ministra del Trabajo no es suficiente, por lo que rechazarían el artículo propuesto por el gobierno.
En el PPD la situación fue más desfavorable. Esta bancada llegaría dividida a la votación. El grupo más crítico con el proyecto del Ejecutivo comparte el rechazo a las adecuaciones necesarias. "Hacemos un llamado al gobierno para que no existan dos posturas que son antagónicas", señaló el diputado Cristián Campos, aludiendo a las diferencias entre Rincón y Valdés. La primera era partidaria de establecer la "habitualidad" en las funciones convenidas en los contratos, mientras que el segundo optó por dejar todo en manos de "la jurisprudencia y los tribunales de justicia".
"Los votos del PS no están"
Sin embargo, el panorama se volvió aún más caótico en el partido de la presidenta Michelle Bachelet, el PS. El jefe de la bancada, Manuel Monsalve, fue claro: "Los diputados socialistas no se sienten parte del acuerdo alcanzado en el Senado; tampoco se sienten representados por los contenidos de ese convenio".
El legislador aseguró que la bancada rechazará las adecuaciones necesarias y la huelga pacífica e insistirá en la negociación interempresa obligatoria y que las compañías mandantes asuman los costos de subcontratar funciones. "Tenemos unanimidad", añadió Monsalve, es decir, el gobierno tiene 16 votos menos. A ellos se suman los seis parlamentarios del PC, que sintonizan con el PS.
El jefe de la bancada socialista fue especialmente crítico con el gobierno, sobre la disposición de adecuaciones necesarias. "No hay claridad y se está dejando a los tribunales de justicia la interpretación de la norma. Qué garantías podemos dar a los trabajadores para que se garantice el derecho a huelga efectivo", expuso.
Gobierno mantendrá redacción de adecuaciones
Contando cada voto llegaron los ministros Valdés, Díaz, Nicolás Eyzaguirre y Ximena Rincón a la comisión de Trabajo de la Cámara, que comenzó a revisar los cambios que realizó el Senado a la reforma laboral. En la instancia, el gobierno dejó claro que no piensa modificar el artículo de huelga.
"Si la adecuación tiene por objeto permitir que, dadas las nuevas condiciones, la función que el trabajador cumplía normalmente con anterioridad al conflicto pueda seguir desarrollándose, es una adecuación para proteger el derecho al trabajo y no para restarle efectividad a la huelga", dijo la ministra del Trabajo.
Eyzaguirre complementó la idea, asegurando que "hay que conciliar el derecho a la huelga, con el derecho al trabajo de los que no están en la huelga. Aquí no se está conciliando el derecho del empresario a hacer lo que estime necesario para minimizar el efecto de la huelga. Por tanto, si la adecuación busca mitigar el efecto de la huelga, está minando el derecho a huelga y no está protegiendo el derecho al trabajo". Las dudas, sin embargo, no se disiparon.
Sobre negociación colectiva interempresa, el ministro Valdés fue extremadamente sincero: "Estamos más que dispuestos a buscar alternativas que junten la cantidad de votos suficientes para tener una buena legislación, en este caso específico". Este punto tampoco genera consensos.
Como el panorama no es el idóneo, el Ejecutivo no tuvo problemas en retirar la discusión inmediata de la iniciativa a petición de los diputados, que este miércoles y jueves votarán el proyecto de interrupción del embarazo en tres causales.
Quitar dicha urgencia -que se repondría este jueves- postergará la llegada de la reforma laboral a la sala de la Cámara hasta la próxima semana, lo que, en concreto, retrasa el eventual despacho del proyecto hasta abril.
CUT partidaria de más tiempo para el análisis de diputados
La decisión de quitar la discusión inmediata al proyecto fue coherente con lo expuesto durante la mañana de ayer por la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa. "Si vamos a tener que llegar a una comisión mixta, entonces, nada obliga a que tengamos que hacer una tramitación veloz o con una celeridad que hoy no se entiende, cuando es necesario que la Cámara de Diputados cuente con todo el tiempo para poder analizar las modificaciones que se han hecho", expuso.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, insistió en que la iniciativa "tiene que ver más con sindicatos" y que se deben "generar equilibrios en las negociaciones colectivas, que estas huelgas no produzcan más daño de lo que se está negociando, de manera que la empresa no sea chantajeada".
En cuanto a la negociación interempresa, destacó que cada compañía tiene una propia realidad. "Por lo tanto, es muy peligroso, sobre todo en las pequeñas empresas, hacer una negociación con trabajadores de empresas que no pertenecen exactamente a esa unidad productiva".
En este marco, afirmó: "La verdad es que ya la reforma laboral está jugada".
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