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Publicado: Martes 7 de junio de 2016 a las 04:00 hrs.
Luego que el tribunal debiera postergar en varias oportunidades la aplicación de las medidas cautelares para el desaforado senador Jaime Orpis, en el marco el llamado caso Corpesca, ayer finalmente, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Daniela Guerrero, decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Si bien la magistrada habría aceptado como acreditados la comisión de los delitos tributario, de cohecho y fraude al Fisco, no consideró que Orpis una persona peligrosa, como la decretar la prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía.
Al respecto, el fiscal Emiliano Arias enfatizó que la jueza Guerrero “da por acreditado todos los delitos, todos en carácter de reiterados, delitos bastante graves. Desde ese punto de vista estamos conformes con el resultado”, aunque “insistimos en nuestra posición, creemos que la medida proporcional por la gravedad que tiene que un senador en ejercicio esté cometiendo delitos, es la prisión preventiva”, sentenció.
Por el contrario, la defensa del parlamentario desaforado abogado Carlos Cortés, planteó un punto de vista muy diferente, explicando que “en términos de acreditación del delito hemos quedado muy satisfechos, porque en relación al cohecho la jueza señala que no se encuentra acreditado por elementos del Ministerio Público, dijo que solamente había algunos indicios”, por lo que cree que en este punto, Orpis será absuelto en el juicio oral.
Una similar convicción expresó la jefa de la bancada de senadores de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien indicó que “tenemos confianza en que Jaime Orpis podrá probar su inocencia frente a las imputaciones de cohecho que realiza la Fiscalía”.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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