Algunos guardias dicen que en las noches penan. Por eso evitan pisar los grandes salones en la oscuridad. Otros descartan de plano cualquier tipo de actividad paranormal. Simplemente, afirman, son ruidos que meten ladrones de poca monta cuando han robado algunas piezas del Palacio Ariztía.
A cargo del arquitecto Alberto Cruz Montt , el inmueble fue construido en 1917. Ha soportado varios terremotos, pero está cediendo ante la delincuencia.
Mucho se ha hablado de su restauración; de la nueva vida que se le dará. Pero hasta ahora nada. Mientras, la vecina embajada de Brasil -también emplazada en un monumento histórico, en una zona típica- se está poniendo a punto.
Ambos edificios (en realidad casi la totalidad de los inmuebles ubicados en la Alameda) han sufrido el embate de los encapuchados. Rayados y vidrios rotos es la tónica. Pero se ha llegado a casos extremos. Por esto, la embajada de Brasil -que ha dicho que nunca dejará la esquina de la Alameda con Manuel Rodríguez- instaló vidrios blindados para hacerle frente a las bombas molotov.
El Palacio Ariztía hace frente a las protestas con su modesto candado en su reja principal.
Perteneció primero a Rafael Ariztía Lyon, diputado entre 1897 y 1903, y luego senador entre 1918 y 1924, siempre como representante del partido Conservador. En 1934, pasó a manos de Gustavo Ross Santa María, ex ministro de Hacienda y candidato presidencial. Más adelante, en 1943, se convirtió en sede del Club Militar. Cincuenta años después fue traspasado al Ministerio de Bienes Nacionales.
Por fuera, hoy el inmueble está en ruinas. Las cabezas de leones de la reja fueron arrancadas para venderlas por gramo. Los rayados abundan. De hecho, ya no hay espacio para más. Por eso se sobreponen unos sobre otros, porque nadie le ha dado una mano de pintura para eliminar los graffitis.
Por dentro, hoy el inmueble está en ruinas. Al ingresar, quienes conocieron el palacio en su plenitud lamentan su estado actual.
“Hay guardias, pero pese a eso se han robado muchas piezas del palacio como el marmol de las chimeneas y muchos objetos decorativos de bronce”, explica un restaurador, que pide reserva de su nombre pues ha trabajado –y quiere mantener el vínculo- con distintos ministerios.
El histórico inmueble lleva siete años botado. En 2013, Bienes Nacionales lo traspasó a Presidencia.
“Presidencia de la República ha solicitado la destinación del inmueble fiscal (…). La presente destinación se otorga con el objeto que la institución beneficiaria lo emplee para el desarrollo de las actividades propias del servicio público”, dice una resolución de la seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana de noviembre de 2013.
En el documento se precisa que todos los gastos que provengan de reparaciones, conservación, ejecución de obras y pago de servicios tales como agua, electricidad, contribuciones y otros serán de exclusivo cargo de Presidencia.
Según la resolución de Bienes Nacionales, los inquilinos antes de 2013 eran la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ministerio de Vivienda y el Tribunal Constitucional.
Si bien durante 16 años la Cámara de Diputados utilizó sus dependencias gracias a un comodato entregado por Bienes Nacionales, el año 2009 fue traspasado al TC, institución que finalmente determinó no usarlo para sus oficinas, dado el alto costo de refacción que implicaba ($ 5.300 millones) y al poco espacio útil que ofrecía.
Frente a esto, dos instituciones evidenciaron interés en hacerse cargo del palacio: el Servicio Electoral y la Academia Judicial.
Pero el Presidente Sebastián Piñera tenía otra idea en mente: convertirlo en una residencia para invitados ilustres del Estado o como Casa de los Presidentes, para lo cual se utilizarían las dependencias del segundo piso; y dos, habilitarlo como salón de eventos para recepciones protocolares y oficiales del gobierno, en el primero piso.
Nueva licitación
El proyecto –anunciado en enero de 2014 con un costo de $ 3.600 millones, inferior a lo que se estimaba por el TC- consideraba restaurar la fachada, los vitrales y murales existentes; mejorar la iluminación; restaurar la cúpula de la entrada; rediseñar el patio interior y el jardín y demoler las construcciones adosadas con posterioridad al levantamiento original del palacio. El plan era que se recuperara su fisionomía original. Además, se proyectaba constuir estacionamientos subterráneos.
La iniciativa se enmarcaba en el plan presidencial Legado Bicentenario.
En marzo de 2014, el Ministerio de Obras Públicas inició una licitación pública para ampliar y restaurar el edificio a través de Mercado Público; no se llegó a puerto. Se lanzó otro concurso en noviembre del mismo año y uno posterior en junio de 2015.
En mayo de este año, el MOP resolvió desechar una propuesta pública, por no ser “conveniente con los intereses fiscales”. Así, todo vuelve a foja cero y el palacio sigue sucumbiendo ante la delincuencia y el paso del tiempo.
Diario Financiero intentó tener la versión oficial de Presidencia de la República respecto al futuro del inmueble, pero no hubo respuesta.
De manera extraoficial, fuentes de La Moneda aseguraron que se realizará una nueva licitación para restaurar el inmueble.
Se aseguró que en el proceso anterior los oferentes presentaron costos muy por sobre el presupuesto máximo considerado para las obras.
Dado esto, se incorporarán modificaciones al próximo concurso para reducir el costo de algunos ítems, y enfocar la restauración en el edificio central.
Sobre las fechas, de manera extraoficial se señaló que la licitación se lanzaría durante el primer trimestre del próximo año, si es que se alcanzan a cumplir los plazos autoimpuestos, por cuanto la preparación de las bases para el nuevo concurso demorará al menos tres meses. Pero -destacan las mismas fuentes de La Moneda- todo está en condicional.
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