Se nos informa que un grupo de “expertas en Derechos Humanos de la ONU” ha visitado nuestro país para supervigilar el cumplimiento de las leyes que prohíben discriminar en contra de la mujer; además de proponer normas que mejoren su acceso al trabajo, la política y la salud. Fueron recibidas y atentamente escuchadas en el Senado por las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución. Se negaron, en cambio, a recibir y escuchar a personas y organizaciones ajenas a su claro perfil ideológico.
Las “expertas en DD.HH. de la ONU” manifestaron públicamente su desazón y estupor por el hecho de que Chile todavía no tenga ley de aborto, y recomendaron a los senadores presentes apoyar el proyecto que lo hace legal en tres situaciones. No satisfechas y envalentonadas con el respetuoso silencio que siguió a su intervención en un controvertido asunto interno del Congreso chileno, declararon públicamente que recomiendan a Chile despenalizar el aborto causado o consentido por mujeres menores de 18 años. Adujeron, como razón, el resguardo de “la salud fisiológica y mental” de estas adolescentes. El hecho de estar embarazadas -subrayaron- “representa un riesgo para la salud de estas madres muy jóvenes, e interrumpe su educación”.
Se entiende por experta una persona que a través de una práctica prolongada ha adquirido conocimientos y habilidades fuera de lo común. Quien ve, escucha y lee a estas “expertas en DD.HH” no puede menos de recordar lo solemnemente establecido por el Comité de DD.HH. de la ONU, en su Observación General sobre el art. 6º del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos: “el derecho a la vida es el derecho supremo, respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación: es el más esencial de los derechos”. Lo habrán recordado, queremos creer, los senadores de la Comisión de DD.HH. y de Constitución, teniendo en cuenta que esta cita fue parte del argumento con que nuestro Tribunal Constitucional rechazó, en abril de 2008, la píldora del día después, por no haber probado su inocuidad ante una vida humana ya concebida.
Las “expertas” pretenden que autorizar por ley el aborto de una adolescente contribuye positivamente a su salud fisiológica y mental. Una de dos: o intentan acorazarse racionalmente contra su propia, penosa experiencia de haber abortado, o no saben nada de cómo el aborto impregna e invade, cual mortal aguijón, la conciencia de la mujer-madre.
Y cuando Chile debate sobre “educación de calidad”, quieren imponernos -contra toda evidencia empírica y racional- el aborto adolescente para asegurar mejor salud y mejor educación.
Los contribuyentes tenemos el derecho de saber quién invitó y quién pagó esta visita de “expertas” en ideologías faraónicas (ver Éxodo 1, 15-22).
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