En medio de la crisis generada por la caída del fondo E, la semana pasada se gestó otra controversia en el sistema previsional.
Antes de que cerrara la sesión del 23 de octubre de la primera subcomisión mixta de Presupuestos, la senadora socialista, Daniela Ciccardini, alertó que el Presupuesto 2027 no incorporó recursos por parte del Estado para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) que se creó al alero de la reforma previsional.
El instrumento financia diversas prestaciones del seguro social, como por ejemplo, el beneficio por años cotizados, y la compensación por la mayor expectativa de vida de las mujeres.
De acuerdo con el cronograma contenido en el artículo 24 de la reforma al sistema de pensiones, al tercer año después de publicarse la ley, el Estado debe realizar un aporte al FAPP por UTM 2,2 millones (unos US$ 160 millones) para luego realizar contribuciones anuales de forma permanente, pero con cifras todavía mayores, hasta llegar a los UTM 15 millones a partir del duodécimo año.
Ahora bien, este es uno de los mecanismos de financiamiento que tiene el FAPP, ya que también considera la mayor cotización por parte del empleador y las rentabilidades de sus inversiones, entre otros.
En la consulta que se hizo a la Contraloría, la Dipres dio por hecho que el primer aporte se debía realizar en 2028 y preguntó por la forma de enterar esos recursos.
La consulta a la Contraloría
Haciendo referencia al calendario, la senadora Ciccardini señaló el tercer año de entrada en vigor de la reforma previsional se cumplirá en marzo de 2027, considerando que la vigencia de la Ley 21.735 se inició en marzo de 2025, cuando se publicó en el Diario Oficial.
“Si usted me pregunta cuándo entra en vigencia, 2025 es el año uno; 2026 el año dos; y 2027 es el año tres. Y ese monto no existe en la Ley de Presupuesto”, le dijo la parlamentaria al subdirector de Presupuestos (Dipres), Claudio Martínez. “Me preocupa, porque hay que darle cumplimiento legal”, agregó.
El representante del Ejecutivo reconoció que se realizó una consulta a la Contraloría General de la República, ya que, sostuvo, hay dos interpretaciones: una en la que el aporte se inicia en 2027, tal como lo expresó Ciccardini, y otra que comenzaría en 2028.
“Estamos esperando que eso salga (la respuesta a la consulta) y los recursos van a estar, efectivamente, cuando nos indique”, apuntó Martínez.
La senadora valoró que se haya preguntado al organismo contralor para una mejor interpretación.
En la consulta que se hizo a la Contraloría -ingresada el 28 de septiembre- la Dipres dio por hecho que el primer aporte se debe realizar en 2028 y preguntó por la forma de enterar esos recursos.
“Aplicadas dichas reglas al caso en análisis, el período de tres años contado desde la publicación de la ley, ocurrida el 26 de marzo de 2025, se completa el 26 de marzo de 2028, produciéndose sus efectos una vez concluido dicho día”, indicó el documento firmado por el encargado de la Dipres, José Pablo Gómez, al que tuvo acceso DF.
“Precisado lo anterior, la cuestión interpretativa que se plantea no dice relación con el año en que corresponde efectuar el primer aporte estatal, sino con la forma en que debe darse cumplimiento”, agregó.
La Dipres justificó esa interpretación porque, aunque la Ley 21.735 fue publicada el 26 de marzo de 2025, el artículo 24 comenzó a regir el 1 de abril de 2027 y fijó el desembolso para el tercer año contado desde la publicación.
Indicó que, aplicando las reglas del Código Civil, según las cuales los plazos de años deben cumplirse íntegramente, el período de tres años concluye el 26 de marzo de 2028 y solo produce efectos una vez terminado ese día.
La Contraloría General de la República señaló a DF que “la consulta en cuestión se encuentra en estudio. Se puede indicar que se han efectuado una serie de requerimientos, varios de los cuales aún se encuentran en plazo para ser respondidos por los servicios”.
Por otro lado, según fuentes conocedoras del proceso, el FAPP había considerado recibir el aporte en 2027 dentro de su planificación.
Marcel y Grau
Este miércoles, los exministros de Hacienda del gobierno anterior, Mario Marcel y Nicolás Grau, entraron a escena por este tema.
En una columna publicada en este medio, titulada “¿Dónde está el aporte al Seguro Social en el Presupuesto para 2027?”, ambos economistas fueron críticos con el actuar del gobierno en la materia.
“El aporte al FAPP en 2027 es una obligación establecida por ley; no es una opción de política fiscal ni una partida que el gobierno pueda postergar discrecionalmente. Un presupuesto que no lo contenga incumple un mandato legal explícito, y la Ley de Presupuestos no puede convertirse en el instrumento para dejar sin efecto, por omisión, lo que el Congreso aprobó en una ley permanente”, acusaron.
Indicaron que la exclusión incumple la reforma, cuya historia legislativa situó el primer aporte en 2027 y lo estimó en $ 111 mil millones.
En tanto, se prevé que la próxima semana este tema volverá discutirse, en la sesión del lunes de la comisión mixta de Presupuestos.
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Daniel Vizcarra
