A una semana del repentino cierre de Orionx, el exgerente general de la plataforma de intercambio de criptoactivos, Roberto Zibert, junto al exgerente de tecnología, Joaquín Díaz, enfrentan una nueva arista judicial, esta vez, por parte de un cliente de la firma.
Se trata de Pedro Molleda, usuario de la plataforma quien presentó una querella en contra de los exsocios -y quienes resulten responsables- por no poder rescatar una inversión de $ 6 millones en bitcoin realizada entre febrero y mayo de 2026.
Adicionalmente, el querellante pidió al Ministerio Público evaluar una eventual responsabilidad penal de Orionx como persona jurídica y requerir entre otros antecedentes, el modelo de prevención de delitos de la compañía.
A esta acción se suma la efectuada por la propia empresa en contra de Zibert y Díaz, a quienes acusa del delito de administración desleal y la desviación de US$ 7 millones, situación que llevó al cierre de la firma.
“La obligación de restituir los fondos o activos que permanezcan en una plataforma cuya solicitud haya sido rechazada corresponde a la propia entidad”, aclaró la CMF.
Según la querella de Orionx, el 27 de agosto de 2025 su gerente de operaciones, Thomas Mac Millan, detectó preliminarmente un “descalce significativo” entre los saldos registrados y los activos bajo custodia, que luego fueron refrendados por una auditoría forense encargada a Deloitte.
La firma agregó que “está implementando un plan de cierre y restitución que busca proteger el mejor interés de todos sus clientes”, proceso que actualmente se encuentra en la primera de sus cinco etapas, cuyos plazos y montos a restituir serán informados a cada afectado a través de los canales oficiales de la plataforma.
Confianza de la industria
El caso golpeó también la confianza en la industria de criptoactivos. “Claro que golpea. La industria de las criptomonedas está basada en confianza y noticias como esta la deterioran”, dijo el CEO de Buda, Jaime Bunzli.
A su juicio, “este no fue un problema de las criptomonedas ni de la tecnología. Fue un problema de gobierno corporativo y controles internos”.
Orionx operaba bajo el régimen transitorio de la Ley Fintech hasta junio de este año, cuando presentó la documentación para ser regulado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y esta rechazó su inscripción.
Consultado por DF, el regulador enfatizó que nunca le confirió el carácter de entidad fiscalizada.
Tras el rechazo, Orionx debía abstenerse de nuevas operaciones y limitarse a concluir las existentes.
La CMF precisó que “la obligación de restituir los fondos o activos que permanezcan en una plataforma cuya solicitud haya sido rechazada corresponde a la propia entidad. Si ésta incumple dicha obligación, sus clientes conservan las acciones que les reconoce el ordenamiento jurídico para obtener la devolución de sus fondos”, aclaró.
Para el abogado experto en derechos al consumidor, Jaime Lorenzini, los afectados tienen dos vías: pueden acudir a los juzgados de policía local o al Sernac.
“Sin perjuicio de que la CMF no realizara fiscalización directa, el Sernac tiene competencias autónomas y separadas para fiscalizar incumplimientos a la Ley del Consumidor”, cerró.
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