El Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó hoy al Parlamento que rechace los balances del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff referentes al año pasado por una serie de irregularidades.
El pleno del Tribunal acompañó de forma unánime el voto del juez instructor del caso, Augusto Nardes, quien halló indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014.
Nardes afirmó que el Ejecutivo cometió "graves ofensas" contra la ley de responsabilidad fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma "sistemática" las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.
Esta es la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas reprueba el balance de las cuentas públicas de un Gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una atribución exclusiva del Legislativo.
El juez instructor calculó que se omitieron del balance deudas por 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares), lo que llevó al Gobierno a justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.
Entre las irregularidades halladas por el Tribunal figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.
Las maniobras fiscales consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en 7.000 millones de reales (unos 1.795 millones de dólares) el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de estas artimañas.
Los bancos tuvieron que costear los programas con sus propios fondos, lo que el juez instructor consideró equivalente a la concesión de "créditos ocultos" al Ejecutivo, algo que está prohibido por ley.
El dictamen del Tribunal de Cuentas será remitido al Congreso que, si sigue esta recomendación y rechaza las cuentas públicas, podría imputarle a Rousseff y a otros miembros de su gabinete un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal.
Los "delitos de responsabilidad" son uno de los presupuestos que la Constitución contempla como un motivo suficiente para abrir un juicio político con miras de destitución del jefe de Estado.
La Cámara de los Diputados está analizando si admite a trámite una decena de solicitudes de la oposición para la apertura de juicios políticos con el objetivo de destituir a Rousseff, y varios de ellos citan estas maniobras fiscales.
Antes de la votación, el pleno del Tribunal de Cuentas rechazó dos peticiones del Gobierno para apartar del caso al juez instructor, al que acusó de ser "parcial" y de haber anticipado su decisión de votar contra los intereses de Rousseff.
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