Tres años después de dar inicio al proceso de calificación ambiental, el proyecto minero de hierro y cobre Dominga, impulsado por Andes Iron, sociedad ligada a las familias Délano Méndez y Garcés Silva (80% y 15%, respectivamente) y ejecutivos gestores, está cada vez más cerca de conseguir la autorización para dar el vamos a la obra.
Y es que tras la reunión celebrada el viernes pasado -y alejado de las polémicas por las supuestas inversiones del ex presidente Sebastián Piñera-, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo recomendó derechamente aprobar el proyecto ubicado en La Higuera.
Según se informó en el ICE (Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental), “el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable”, así como también, se aclara que se habrían subsanado “errores, omisiones e inexactitud durante el proceso de evaluación”, esto tras las cuatro rondas de consultas y sus respectivas respuestas que se dieron en estos tres años.
La autoridad regional agregó que la empresa “ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos”.
Con esto, el próximo paso para el proyecto controlado por la familia Délano, es buscar la aprobación final por parte de Comité de Evaluación Ambiental, el que según los plazos definidos por ley, tendría que reunirse antes del 14 de marzo, aunque aún no existe una fecha clara para que esto ocurra.
La obtención del permiso podría desencadenar una serie de temas que están pendientes para el proyecto, principalmente con la búsqueda de un socio inversionista, para poder desembolsar los cerca de US$ 2.500 millones que costará la iniciativa que espera estar funcionando en 2020.
Oceana acusa “ilegalidad”
Uno de los principales opositores al proyecto ha sido la ONG Oceana, que tras conocida la resolución manifestó su disconformidad respecto a la decisión de la autoridad y aludió a una supuesta falta de información relevante, y a ilegalidades en la tramitación ambiental.
“Nos preocupa enormemente esta situación, no sólo el Estado de Chile y la institucionalidad incumplen con sus obligaciones de proteger la biodiversidad y el patrimonio de todos, sino que además desautoriza a los pocos que intentan efectivamente cumplir con su deber, como es el caso de Conaf”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva del organización de conservación marina, quien agregó que “le hicimos saber al SEA las ilegalidades en las que han incurrido a lo largo del proceso ambiental y los incuantificables impactos que tendría el proyecto”.
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