Una dura derrota sufrió ayer la ministra Gloria Hutt en la Comisión de Transportes del Senado, en el debate sobre el balance de costos de la licitación de buses en curso.
A pesar de reunirse en dos ocasiones con los parlamentarios, no logró convencerlos de que su fórmula -que contempla mayores gastos en equipos- no se traducirá en futuras alzas de tarifa para los usuarios.
Esto motivó al senador Juan Pablo Letelier a presentar una iniciativa para frenar el concurso impulsado por el Gobierno, iniciativa que tenía 22 firmas de apoyo hasta el cierre de esta edición.
“Se ha impuesto un modelo de licitación con rigideces y condiciones sobre la mantención que en nada mejoran el servicio del usuario y que obligan a incurrir en costos mayores; por ejemplo, repuestos y suministros originales provistos exclusivamente por el representante de la fábrica”, señala el documento de cuatro páginas presentado por el senador.
Y añadió: “Es incomprensible la actitud pasiva del Ministerio de Hacienda y Dipres frente a la licitación, quienes son los que deben clarificar por qué se optó aumentar unilateralmente los costos al Estado al fijar parámetros financieros que van contra el interés público”.
El conflicto
El debate sobre el alza de costos en el sistema partió el 23 de diciembre, cuando Carlos Melo y Guillermo Muñoz, exautoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) durante la administración de Michelle Bachelet, solicitaron reunirse con los senadores para presentarles una comparación de los contratos que se pagan por los valores-cuota de los buses renovados, versus los propuestos en la licitación.
Estos expertos dijeron que los rangos de precios varían entre un 8% y un 70% más según el tipo de tecnología, aunque en algunos casos podría ser incluso mayor (ver tablas). Todo ello consecuencia de los overhaul comprometidos por los proponentes, donde cada fabricante debe hacerse cargo de los mantenimientos para extender la vida útil de su máquina.
Estos argumentos encendieron la alarma en el Congreso, desde donde se decidió pedir explicaciones al ministerio. Ayer, la titular defendió su modelo, argumentando que se elaboró una fórmula en que “los costos son cubiertos por la Ley de Subsidio (...) Tenemos plena consciencia de mantener los equilibrios del sistema”.
En su exposición, Hutt explicó que el concurso contempla dividir en dos el proceso: por un lado define el rol de los concesionarios y, por el otro, crea la figura de suministrador de flota para que el Gobierno pueda tener mayor control sobre las operaciones. Pero este último punto es el que genera las mayores dudas entre los senadores. “El modelo propuesto no es transversal y se hizo sin acuerdo. Esto podría amarrar a los próximos cuatro gobiernos por falta de consenso (...) Se basa en criterios técnicos discutibles”, criticó Letelier.
A juicio de un operador que sigue de cerca el proceso, la gran diferencia de los valores-cuota se produce porque los fabricantes interpretaron de formas muy diversas el documento, ya que los overhaul eran poco claros. Por ejemplo, BYD hará cambio de carrocería y de batería a los siete años, y Fotón decidió extender garantía para lo primero y renovar solo lo segundo.
Según Melo, el problema se generó en la discusión previa de los contenidos esenciales de ambas licitaciones, porque el MTT entregó muy pocos detalles sobre el sistema en comparación con las bases.
“El ministerio no realizó una evaluación amplia del nuevo modelo con todos los actores previo a lanzar los procesos de licitación. Esto ha generado dudas en algunos parlamentarios, que son actores clave porque por ellos pasa la Ley de Subsidio. El diseño del modelo del transporte público de Santiago no debiese ser decisión exclusiva de una administración, sino producto de un consenso entre diversos actores, y en eso el Gobierno debe trabajar”, sostuvo el académico.
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