El que era considerado un punto clave en la discusión constitucional de la reforma al Código de Aguas, finalmente se zanjó. Con tres votos a favor y dos en contra, se aprobó la temporalidad de los derechos de aprovechamiento de agua. Así, quedarán con una concesión a 30 años, con posibilidad de renovarlos 10 años antes de que expiren.
Los exintegrantes de la comisión, Andrés Allamand y Víctor Pérez, habían planteado la necesidad de revisar este punto pues, a su juicio, se topaba con la Carta Fundamental, toda vez que crea dos grupos de personas con distintos derechos. Por un lado, están quienes ya los poseen y los seguirán teniendo por tiempo indefinido y, por otro, que quienes los adquieran ahora lo harán con una definición por tiempo limitado.
Ahora, sus reemplazantes, Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI), se encargaron de mantener la postura de Chile Vamos, votando en contra de su constitucionalidad.
“Creo que la formulación del artículo 6° está incompleta, porque conceptualmente éste debe guardar plena concordancia con lo que dice el Código Civil y con lo que es la historia de la Ley”, planteó Galilea, haciendo alusión a que no queda del todo clara la concesión del derecho de propiedad.
Pese a la solicitud del senador de revisar más a fondo el artículo y su redacción, el pleno optó por votarlo. “Esto escapa a nosotros, pues es algo que compete a las comisiones técnicas que ya estudiaron el proyecto”, dijo el senador Francisco Huenchumilla (DC).
Además de este último, votaron a favor Pedro Araya (independiente, cupo PPD) y el presidente de la instancia, Alfonso de Urresti (PS).
En esta primera jornada se aprobó el primero de los artículos en cuestión, y aún restan seis. La votación continuará hoy, y dado el ritmo con el que se ha avanzado, podrían restar algunas jornadas más antes de que se logre despachar a sala.
Los artículos pendientes tienen relación con la retroactividad de la extinción a derechos constituidos con anterioridad a la reforma; la falta de indemnización en el caso de que se redistribuyan las aguas a consecuencia de un decreto de escasez hídrica; y el aumento de facultades de la Dirección General de Aguas (DGA) para limitar o suspender los derechos cuando se afecte un acuífero o fuente, o no haya acuerdo entre varias partes en cuanto a la distribución del recurso .
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