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Publicado: Lunes 9 de noviembre de 2020 a las 04:00 hrs.
Tres semanas han transcurrido desde que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, denunció ante la fiscalía de Parral un eventual sabotaje a los cultivos de frutillas y moras en plantaciones orgánicas de Empresas Sutil.
Y pese a la reserva con que se han realizado los peritajes, en Talca trascendió que las muestras tomadas en el fundo Santo Domingo por funcionarios de la PDI ya están en poder del Ministerio Público, causa que lleva adelante el fiscal Nelson Riquelme. Se trataría del compuesto denominado “Aliado” forestal, que es un herbicida sistémico que se utiliza en la industria forestal para el control selectivo de malezas herbáceas en plantaciones forestales de eucalipto y pino radiata.
Pero no es el único movimiento en torno al caso. La firma de abogados contratada por Empresas Sutil para llevar adelante el caso es el estudio jurídico HM&D abogados, que pertenece a Davor Harasic, Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo.
Hasta ahora, además, las líneas investigativas no descartan ninguna hipótesis.
El predio -donde se procedió a cosechar, eliminar la fruta y podar todos los cultivos-, no contaba con seguros comprometidos y las pérdidas se calculan en hasta $ 2 mil millones.
Ocho alcaldes de la Región Metropolitana, junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, cuestionaron los efectos de la nueva normativa y advirtieron que “no es admisible que decisiones de esta magnitud sean tomadas entre cuatro paredes”.
Los expertos abordaron las dificultades de las empresas para gestionar los datos, las altas multas y la oportunidad que abriría la prórroga para adaptarse a la regulación.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
La propuesta plantea cambiar la compensación con el Seguro de Cesantía. El Ejecutivo solicitó actualizar el informe actuarial para evaluar su viabilidad y prepara otros ajustes en gradualidad y financiamiento.