Hay luz verde. Tras ratificar diversas enmiendas dictadas por el Senado, el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica, bautizado como “Ordenemos la Cuenta”, fue despachado este miércoles por la Cámara de Diputados y, ahora, cuenta con todas las condiciones para convertirse en ley.
Este, en simple, fue ingresado en junio pasado con el objetivo de, justamente, poner orden a la cartola y saldar una deuda de aproximadamente US$ 900 millones que se arrastró durante casi cuatro años con las diferentes distribuidoras de energía a lo largo del país como CGE, Enel Distribución, Grupo Saesa y Chilquinta.
Desde 1982, concretamente, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Ministerio de Energía calculan y fijan cada cuatro años la tarifa que las distribuidoras cobran a los consumidores por el servicio de distribución de energía: el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), que se establece mediante decreto.
Ahí, no obstante, es donde se origina el problema. Pese a que la tarifa vigente para el periodo 2016-2020 venció el 3 de noviembre de 2020 (fecha en que debía entrar a regir el decreto siguiente, correspondiente al periodo 2020-2024) dicho documento no se publicó hasta el 7 de junio de 2024, es decir, luego de 43 meses de atraso.
Por tanto, durante todo ese periodo las distribuidoras cobraron tarifas diferentes a las que deberían haber exigido, generando, como resultado, un déficit de cerca de US$ 900 millones. Este proyecto, por tanto, busca extinguir dicho monto, a través de cobros a los clientes regulados, los cuales comenzarán a regir desde el próximo 2028 hasta –como máximo– 2035.
Cómo se pagará
El motivo por el que el cobro no se exigirá hasta el 2028, explicó a DF Ramón Galaz, socio fundador de la consultora Valgesta Nueva Energía, es porque en dicho año “el cargo establecido para pagar la deuda que se tenía con las generadoras –que, cabe recordar, se originó producto del congelamiento de estas tarifas durante el periodo de pandemia por Covid-19– bajará de $ 22 por cada kWh de consumo a $ 9, “por lo que existía un espacio para incorporar este cargo incluso bajando la cuenta (de los consumidores)”.
Ahí, entonces, es donde aparecerá el monto estipulado por el proyecto de ley para saldar su parte con las distribuidoras. En el texto aprobado, concretamente, se pactó que el cargo será de $ 5 por kWh de consumo, y no podrá extenderse hasta pasado el 2035. Por tanto, en suma, como consumidores pagaremos $ 14 por cada kWh de consumo.
Este monto, cabe destacar, también será aplicado a clientes libres conectados a distribución y sujetos a peajes. Por ejemplo, firmas de gran tamaño que usan amplias cantidades de energía a través de contratos directos con generadoras.
Según cálculos de Aclai Consultores, firma especializada en la industria energética, los $ 5 del proyecto se traducen en que: si se consumen 180 kWh al mes, el cobro adicional será de $ 900 en la cuenta de fin de mes; mientras que si se consumen 350 kWh, de $ 1.750; y, en el caso de 500 kWh, unos $ 2.500 adicionales.
Claudio Espinoza, socio fundador de Aclai, precisó que, pese que a simple vista “pareciera ser que (el monto) no es mucho, esto se indexa en el tiempo, no es un valor fijo, (sino que) se va a indexar por IPC. Si el IPC no se mueve, bien. Pero si se mueve, va a aumentar”.
La visión de la industria
Desde la industria valoraron la medida, aunque algunos con cautela. Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, afirmó que desde el gremio miran con ojos positivos el despacho de la ley, pues permite avanzar en la normalización de una deuda que se arrastraba desde hace varios años, “mediante un mecanismo que entrega mayor certeza regulatoria y que busca evitar un alza adicional en las cuentas de electricidad”.
Además, destacó que esta incorpora medidas relevantes para los clientes, “como la extensión del subsidio eléctrico (hasta 2027) y la creación de un mecanismo para revisar contratos de suministro, orientado a generar condiciones que contribuyan a reducir los costos de la energía”.
Por último, también expresó que valoran la incorporación de un mecanismo que habilita planes extraordinarios de inversión en distribución en la ley.
“Los eventos climáticos que ha enfrentado el país han puesto de manifiesto la importancia de seguir fortaleciendo y modernizando las redes eléctricas. Este instrumento permitirá acelerar inversiones para aumentar su resiliencia y continuar mejorando la calidad y continuidad del servicio que reciben las personas”, aseveró.
Galaz, en tanto, aseguró que le parece correcta la medida escogida, pues el proyecto genera dos aspectos positivos: “Se traslada el pago para un periodo en que se reduciría la cuenta eléctrica; y le inyecta liquidez a las distribuidoras para que puedan invertir en mejoras a la calidad de servicio, lo que es ampliamente anhelado por la ciudadanía”.
Otros actores, no obstante, son más cautos. Espinoza, desde su vereda, destacó que la ley era “necesaria y útil”, pero también puede ser vista, en el largo plazo, como un “parche”.
A su juicio, deudas como la que existe con las generadoras han sido “incendios” que se han logrado apagar. “Pero este (incendio) es más complejo porque es estructural. O sea, esto es producto de un atraso de una institución en fijar una tarifa. ¿Eso se puede repetir? Sí, hay procesos atrasados hoy día y puede que aparezcan otras deudas”.
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Catalina Vicuña
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