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REGÍSTRATE AQUÍLo que se buscará en el nuevo proceso tarifario es establecer una voluntariedad total, donde la persona que quiera cambiar su medidor deberán pagar un arriendo por el nuevo equipo.
Por: Andrés Pozo y Karen Peña
Publicado: Lunes 29 de abril de 2019 a las 17:40 hrs.
El gobierno ordenará a las empresas eléctricas, en el marco de la polémica generada por la instalación de los medidores eléctricos, que tienen que devolver a más tardar en julio los dineros cobrados en la cuenta de luz desde octubre de 2018 a junio de 2019.
Tras un fin de semana de negociaciones, esta tarde el Ministerio de Energía cerró las conversaciones y estableció que no habrá ningún cobro adicional por el servicio asociado a los medidores eléctricos hasta que se impulse el nuevo decreto, lo que debería ocurrir en noviembre de 2020.
"Queremos reforzar la voluntariedad para el cambio de medidores para que cada uno de los hogares de Chile pueda decidir libremente si acoge los medidores inteligentes, junto con eso todo lo concepto de medidor inteligente será devuelto a los hogares que han tenido este cobro", dijo la ministra de Energía, Susana Jiménez.
Se estima que 1% de la tarifa está asociado a este concepto, lo que en una cuenta tipo equivale a $ 200 mensuales.
Lo que se buscará en el nuevo proceso tarifario es establecer una voluntariedad total, donde la persona que quiera cambiar su medidor deberán pagar un arriendo por el nuevo equipo.
Del mismo modo, las empresas se van a fijar nuevas metas para ir implementando la medida, con el objetivo de que ellas sean responsables de ir promoviendo la nueva tecnología.
"Hemos escuchado a la ciudadanía", dijo la ministra Jiménez en La Moneda, después de sostener una reunión con el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick. Agregó que quienes deseen migrar irán viendo en el tiempo los beneficios del cambio.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.