En un tema obligado en el sector de energía se convirtió el contrato que mantiene la central El Campesino
–ligada a Generadora Metropolitana, de la francesa EDF y el grupo local Andes Mining Energy (AME)- con las distribuidoras para abastecer a clientes regulados a partir del 1 de enero. Hoy, el contrato que fue adjudicado a 110 US$/MWh por un bloque de 4.000 GWh anuales, está en el ojo del huracán dado que no se ha construido la unidad con la que prestaría el servicio. La industria sigue atenta el devenir de los acontecimientos: El gobierno estima que el contrato tenía asociada la construcción de la central, pero la empresa insiste en que no hay incumplimiento -dado que está dando el suministro- e incluso llamó a la autoridad a aclarar si en definitiva quiere modificar las reglas del juego que se firmaron en el año 2014. En medio de la discusión, tres actores de la industria analizan el caso que está lejos de tener un punto final.
Rudnick: "Esa licitación no obligaba a construir instalaciones ofrecidas"
"Interpreto de los contratos con las distribuidoras que esa licitación no obligaba a construir las instalaciones ofrecidas, sólo a proveer el suministro de la energía comprometida", plantea el consultor Systep, Hugh Rudnick, quien además aclara que esto cambió en la última licitación donde sí se hace vinculante la construcción. En esa línea, explica que en el contrato con las distribuidoras se obliga a El Campesino a mantener su calidad de coordinado y cumplir con la cadena de pagos (inyecciones y retiros), pero "no se hace mención a la no construcción del proyecto como causa de término de contrato", por lo que no hay restricciones al respecto. El académico puntualiza que, de todas maneras, El Campesino no ha desistido públicamente de hacer el proyecto. "La Corte Suprema retrotrajo la RCA del terminal de regasificación, materia que está aún en proceso, en particular la consulta indígena", dice. Y, por otra parte, El Campesino compró cuatro plantas generadoras (Nueva Renca, Santa Lidia, Los Vientos y Renca) con las que puede responder a ese requerimiento energético contratado con las distribuidoras.
Pérez: "Es posible que se apliquen algunas sanciones o multas"
El socio de Guerrero Olivos, Clemente Pérez, señala que es un requisito para la licitación de las distribuidoras y posterior firma de los contratos de suministro contar con una central, operando o en desarrollo. Pese a ello, cree que el conflicto será muy distinto si El Campesino es capaz de cumplir los contratos, a que si no los cumple y alega fuerza mayor u otra causal de incumplimiento.
"Si es capaz de cumplir los contratos el tema será menor, y supongo que sólo tendrá algún tipo de sanciones por parte de las empresas distribuidoras", asegura. Pérez reafirma sus dichos, sosteniendo que la obligación principal es dar suministro. "Como dije, pienso que puede haber incumplimientos de bases al no generar con la central que se adjudicó los contratos y pueden tener sanciones asociadas, pero no se pondría en riesgo el sistema de licitaciones", dijo. Explica que, al exigir que haya respaldo de una central al momento de licitar, la autoridad busca evitar que haya "corretaje" de energía o riesgos de sobrecontratación, como ocurrió con Campanario, que puso al sistema en jaque. "Pienso que es posible que se apliquen algunas sanciones o multas de carácter administrativo", dice.
Finat: "Se intenta reemplazar una central de última generación por unas antiguas"
Más que una pugna, para el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, se observa en este tema una diferencia de interpretación frente a los contratos. Esto -dice-, es otro ejemplo de la consolidación del sector de las energías renovables y en particular las no convencionales, como la vía que debe tomar el país en generación eléctrica. "El sector que ha cumplido con todos sus compromisos ha sido el de las ERNC, el cual ha construido todos los proyectos comprometidos o bien los ha reemplazado por centrales de igual o mejor calidad", enfatiza.
Al representante gremial le parece negativo que -a su juicio- "se intenta reemplazar una central a gas de última generación por centrales considerablemente más antiguas e ineficientes". Y aunque cree que quienes deben definir si hay incumplimientos en este caso son los órganos competentes, señala que "siempre es muy importante el cumplimiento íntegro de los contratos y que no es lo mismo cumplir los compromisos de un contrato de esta naturaleza con tecnología termoeléctrica antigua, que hacerlo con una central a gas moderna y eficiente".
"Más allá de los aspectos contractuales, muestra poca empatía con los esfuerzos que está haciendo el sector y el país hacia la sustentabilidad", remató.
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