Se espera que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sea protagonista en la recuperación económica tras los efectos de la pandemia. La cartera está enfocada en invertir en iniciativas de rápida ejecución -como conservación y mejoramiento de la red vial, agua potable rural, obras fluviales y de riego, desarrollo de áreas costeras, entre otros-, destinando cerca de US$ 9.320 millones, lo que se traduce en 2.130 iniciativas en los próximos años.
Sobre la disyuntiva si apostar por grandes iniciativas o un grupo mayor de pequeñas, el ex ministro de Obras Públicas y director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, apoya la estrategia que apunta al segundo segmento, ya que considera que la prioridad del sector debe ser el empleo.
"Creo que el MOP tiene un compromiso de destinar buena parte de su esfuerzo al empleo en el corto plazo. En ese sentido, los proyectos que se han elegido, que están aprobados, tienen una alta incidencia en mano de obra y que por lo tanto pueden ejecutarse adecuadamente en los plazos que están planteados como parte del programa de urgencia", señala.
Cruz indica que en 2020 se ejecutó el 98% del presupuesto asignado al MOP, pero que en algún momento se pensó que se va iba a inyectar más recursos a la cartera, ya que "por el esfuerzo declarado por el ministro, uno hubiese esperado que la ejecución presupuestaria del año 2020 hubiese sido el 120%, no el 98%. Espero que esa situación sea distinta para este año".
"Eso de alguna manera se va a expresar, corregir o modificar el 2021, por la cantidad de proyectos que se han licitado. La ejecución presupuestaria del MOP evidentemente durante 2021 va a tener que ser mayor y probablemente eso va a exceder lo que está actualmente contemplado en la ley de presupuestos y va a utilizar parte importante de los fondos Covid que están destinados para este tipo de propósitos", indica.
El presupuesto aprobado para el MOP este año es de $ 3,4 billones (millones de millones). Esto significa un aumento de cerca del 33,4% respecto de 2020.
Igualmente, Cruz cree que no solo hay que quedarse en las iniciativas pequeñas y poner foco en dos áreas: obras urbanas y escasez hídrica.
Comenta que el MOP y el Ministerio de Vivienda "debieran hacer una integración y puedan hacerse cargo del tremendo déficit urbano que existe en términos de obras de infraestructura de distinta naturaleza, básicamente de servicios y permitir que toda esta percepción que hay de ciudades equitativas y que una gran parte importante de la población no tiene acceso a bienes públicos se termine".
En cuanto a escasez hídrica, el director ejecutivo del CPI cree que hay que buscar formas para asegurar la oferta de agua: "hay cosas que se pueden hacer. Están las bases de cuencas, las plantas desaladoras, aumentar la capacidad de acumulación de agua por la vía de embalses, almacenar agua subterránea, entre otras"
"Hay que tener seguridad para que el agua no sea un cuello de botella para el desarrollo de nuestra actividad productiva", asegura.
También comenta su preocupación por las aguas abrigadas de los puertos: "Ha quedado demostrado que el cambio climático también ha tenido impacto en marejadas y eso ha implicado que ha habido tiempos muertos en los puertos grandes"
"Hay que empezar una política de inversión que permita generar aguas abrigadas de mayor calidad de manera de poder desarrollar nuestra actividad portuaria. Chile es un país esencialmente exportador-importador, por lo tanto, necesitamos tener puertos que cumplan debidamente con su función", señala.
"Es necesario pensar en contratos de concesiones más flexibles"
Junto con la recuperación, Cruz cree que los principales problemas que están viviendo las concesiones de obras públicas son el sistema tarifario y los contratos rígidos.
"Lo que tenemos que hacer es una discusión respecto de cuál es la tarifa que permite pagar las inversiones que se van a realizar y a la vez que sean tarifas que sean aceptables por quienes usan", plantea.
Sobre los contratos, recalca que "el único sector que tiene rigidez contractual son las concesiones de obras de infraestructura pública. Tenemos que asumir que ya no es posible pensar a 30 años".
"Hay que tener conciencia que la realidad va a cambiar más rápido de lo que nosotros imaginamos y por lo tanto es necesario tener contratos más flexibles para ir adecuando la oferta de servicios en la infraestructura a lo que la comunidad demande", concluye.
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