En manos de los cinco integrantes del Consejo de Concesiones está la viabilidad de la desaladora concesionada que un grupo de inversionistas privados, a través de CKC Infraestructura Sustentable, propone para Coquimbo, una de las regiones que ha sido más afectada por la sequía y el déficit hídrico.
La idea, planteada en agosto de 2014, está a la espera de que el gobierno declare si es de interés público, lo que viabilizaría los estudios y la posterior licitación.
El proyecto fue debatido en la última reunión del Consejo, el 13 de enero pasado y, según algunos conocedores de la discusión, la autoridad estaría pronta a tomar una definición respecto a este tema.
Pese al tiempo de análisis transcurrido, habría dudas en torno a apoyar esta iniciativa. Uno de los temas que está sobre la mesa está relacionado con la libre competencia, ya que hay quienes creen que esta desaladora podría suponer una suerte de monopolio en la zona, algo que los gestores de la iniciativa han descartado. A través de una carta, incluso, le indicaron al ministerio de Obras Públicas que en ningún caso están pidiendo ser la única operación, sino que lo que buscan es acogerse a las condiciones que establece la Ley de Concesiones.
Se espera que en la próxima reunión del grupo, que está encabezado por el titular del MOP, Alberto Undurraga, y que además integran Juan Andrés Varas, Sonia Tschorne, Iván Poduje y Aldo González, se entregue un informe del área de Concesiones y, posiblemente, que haya un pronunciamiento respecto de la declaración de interés público.
Sequía y agua de mar
El intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, explica que la región tiene un plan para afrontar la sequía, el cual tiene como foco asegurar el agua para consumo humano y las actividades productivas. Uno de sus pilares es la instalación de desaladoras, así como la construcción de miniembalses.
En ese sentido, dice que las iniciativas públicas más avanzadas para sacar agua de mar son las que se harán en Limarí y el Choapa. De esta última, se licitarán pronto los estudios.
Además, la autoridad destaca que hay una serie de iniciativas privadas -a través de las mineras y sanitarias- para construir plantas de mayor envergadura, así como la que se estudia concesionar.
“Todos los proyectos de desalación nos interesan, porque necesitamos agua”, dice la autoridad quien señala que esperan que el organismo correspondiente tome su decisión en base a su evaluación del proyecto. “Pero esperamos que se desarrollen siempre y cuando se cumpla con el libre acceso al agua”, comenta.
José Antonio Ramírez, gerente general de CKC, impulsor de la iniciativa, dice que el proyecto fue declarado de interés regional en diciembre de 2014 y que luego en noviembre de 2015 se reiteró la urgencia de éste.
“Todas las provincias (de la región) han sido declaradas en emergencia por la escasez hídrica y ésta es la única solución de envergadura capaz de enfrentar la crisis, de manera segura y estable, conforme a los estudios realizados por el propio gobierno regional”, asegura.
Ramírez plantea que la gracia de este proyecto es que es multipropósito, por lo que el recurso servirá para el consumo humano, la agricultura e incluso la minería.
Consultado sobre si hay riesgos a la libre competencia, enfatiza que el sistema de concesiones está normado por ley y que al igual que en aeropuertos o autopistas, desarrollar una desaladora concesionada conllevará garantías de acceso en igualdad de oportunidades al recurso que se genere.
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