A raíz de la reforma tributaria, el gobierno definió junto con la comisión de Hacienda del Senado crear un grupo de expertos para analizar la aplicación de un impuesto a alimentos altos en azúcares, en línea con el alza del 20% que ya se concretó para las bebidas azucaradas y con el nuevo etiquetado de alimentos.
Tras varios meses de trabajo, el grupo puso reparos a la idea de crear este tipo de gravámenes. El informe será presentado a las comisiones de Hacienda y Salud de ambas cámaras del Congreso.
Los planteamientos se dan, por un lado, porque según el sistema tributario nacional un impuesto no puede tener una finalidad determinada, pero además porque un gravamen de este tipo podría afectar a los grupos de ingresos más bajos, en tercer lugar, porque el país ya cuenta con un impuesto a alimentos elevado (19% de IVA) frente a otros países que han aplicado impuestos especiales a los alimentos, pero cuentan con un IVA menor.
De hecho, se alude al caso de Dinamarca, donde la decisión de aplicar un impuesto de este tipo fue revertida al poco tiempo de ser implementada.
Por otro lado, agrega que no sería posible predecir si el efecto esperado se mantendrá en el tiempo, dado que hay "escasa evidencia internacional en materia de impuestos a los alimentos altos en azúcar". El documento señala que es "complejo pronosticar cambios en el consumo derivado de los impuestos".
El informe de la comisión apunta a que para definir qué alimentos deberían estar sujetos a un gravamen o subsidio se debería tener en cuenta el contenido de azúcar, más que la categoría de alimentos.
Las conclusiones
La comisión asesora estuvo compuesta por 13 comisionados, entre ellos, la jefa de nutrición del Minsal, Lorena Rodríguez, y numerosos invitados, entre ellos, de AB Chile y de Chilealimentos, quienes tuvieron reuniones entre diciembre y junio.
El informe, además de recoger una visión respecto de la estrategia fiscal en el mercado de la política de salud, concluye que la propuesta de gravar estos alimentos presenta varios desafíos.
Entre ellos, señala, está el hecho de determinar el producto gravado y la magnitud de la externalidad que produce, así como analizar después de esta definición la elasticidad de la demanda, el efecto en precios y, por ende, en los ingresos-gastos de la población, junto con los comerciales, dentro y fuera de Chile.
"Debe establecerse un mecanismo de evaluación objetiva del éxito de esta intervención que considere indicadores como disminución de ventas, consumo y marcadores metabólicos", se agrega.
En este contexto, la comisión propone a la ministra de Salud, Carmen Castillo, y al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la implementación de un plan de trabajo de corto y mediano plazo que incluya la creación de un equipo para implementar el plan y realizar estudios que respondan a los interrogantes.
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