“¿Cómo se financiará la construcción de las viviendas?”.
Así se titula el documento que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) difundió entre senadores y diputados para alertar los efectos que tendría en el sector el diseño del Presupuesto 2027 del Ministerio de Vivienda que tramita actualmente el Congreso y que se reduce en un 3,4% en comparación al erario de 2026.
El texto de 23 páginas analiza el erariodel Minvu y los cambios en el sistema de financiamiento para la construcción de viviendas sociales, los riesgos, costos, exigencias normativas y también propuestas para mejorarlo.
En el documento, se señala que la principal modificación es que ahora las viviendas se pagarán solo al terminarse, sin anticipos. De esta forma, se reducirán los fondos para subsidios, préstamos y transferencias de capital. La ley propone usar préstamos para financiar la construcción, desplazando la percepción de financiamiento público directo. Desde la entidad gremial sostienen que la obtención de financiamiento será más difícil, limitando el ritmo de construcción y participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
El gremio enfatiza que un cambio así, a pago por obra terminada, “no se puede aplicar sin un plan de transición debido a que “las empresas trabajan con una anticipación de al menos tres años, por lo tanto, ya tienen diseñados proyectos para postular en 2027 y 2028, preparados con las condiciones vigentes”. Y se preguntan: “De existir el cambio propuesto, ¿cómo se financiará el costo adicional que implica la bancarización?”.
Las preocupaciones han sido transmitidas a los senadores Yasna Provoste (DC), Matías Walker (Demócratas), y Javier Macaya (UDI), entre otros, quienes ya han señalado que pedirán no insistir en este mecanismo de pago a obra terminada que dejará sin capital de trabajo a las constructoras de viviendas sociales. La discusión tendrá debate en el marco de la comisión mixta de Presupuestos que se reunirá desde la próxima semana.
Otros impactos y propuestas
Respecto a los riesgos, desde la CChC indican que pasar del financiamiento basado en anticipos a pagos post-construcción alterará los procesos y puede ralentizar obras, la carencia de garantías y la bancarización de préstamos incrementan costos y complejidad; y la falta de claridad en la deuda de arrastre y el financiamiento de proyectos por iniciar generarán incertidumbre.
Ponen sobre la mesa que el sector de la construcción representa alrededor del 7% del PIB y genera entre 700.000 y 800.000 empleos, y que la economía depende de una recuperación que impulse la inversión y mantenga el empleo en la construcción.
La CChC propone mantener la continuidad presupuestaria para asegurar recursos; publicar los llamados en enero y dar certeza a proyectos con desarrollo avanzado; activar proyectos e inversión priorizando proyectos con permiso y financiamiento; y extender el Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC) o un mecanismo equivalente.
En acceso a la vivienda proponen ampliar el subsidio a la tasa, fortalecer el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) y complementar el subsidio fomentando el ahorro.
Para resolver los temas pendientes, también proponen establecer una mesa técnica para plantear soluciones conformada por el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos (Dipres), la banca y la CChC.
El gremio cierra su exposición afirmando que “la política habitacional y la responsabilidad fiscal deben equilibrarse. La CChC está disponible para colaborar en el diseño de una transición gradual que permita seguir construyendo, con empresas, familias y empleo”.
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