El 5 de septiembre de este año el millonario escándalo de desfalco a la Ley Reservada del Cobre, conocido como “Milicogate”, aumentaba la presión en el mundo político para modificar o derogar la cuestionada normativa, que involucra el traspaso anual del 10% de las ventas brutas de Codelco para financiar el gasto de las Fuerzas Armadas, sin mayor control ni transparencia, señalan sus críticos.
En este escenario, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostenía que la discusión debía darse una vez aprobado el Presupuesto de 2017.
“Este es un tema complejísismo, que requiere seriedad por parte del gobierno, y la Presidenta nos ha pedido ser completamente transparentes, pero más importante, serios en esta discusión”, expuso el titular de las finanzas públicas ese lunes a la salida del comité político. Ahora, con el erario aprobado, los parlamentarios buscan cobrarle la palabra a la autoridad.
Hoy, la comisión de Minería de la Cámara citó al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, y al presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, para abordar las modificaciones a la normativa de financiamiento de las FFAA, luego de la propuesta realizada la semana pasada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) en el Senado. En exposición la semana pasada ante la comisión de Defensa de la Cámara Alta, la FTC propuso derogar “al más breve plazo” la Ley Reservada; asegurar la capitalización de Codelco por US$ 4.000 millones; recapitalización de la empresa recurriendo a los bonos soberanos “que se financiaron con la descapitalización estructural de Codelco en el periodo de altos precios del cobre”; y asegurar por ley que Codelco pueda reinvertir el 30% de las utilidades netas.
En el último mes, la FTC ha desplegado un intenso lobby en el Congreso para reactivar la discusión. Así, el martes 7 y miércoles 8 de noviembre la directiva, liderada por Raimundo Espinoza, se reunió con la titular de la comisión de Minería del Senado, Isabel Allende.
También se reunieron con los diputados Marco Antonio Núñez (PPD), Jaime Bellolio (UDI), Juan Luis Castro (PS), Paulina Núñez (RN) y Lautaro Carmona (PC), entre otros.
La semana pasada, el Congreso aprobó un proyecto para publicar en el Diario Oficial la normativa, hasta entonces secreta.
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