Temprano en la mañana de ayer, el gobierno recibió una nueva mala noticia en el prolongado conflicto con el Registro Civil, pues el sindicato del servicio radicalizaba su jugada anunciando el cierre de todas las oficinas a partir de este lunes 26 de octubre. “Porque no hay ninguna voluntad del gobierno de sentarse a conversar con nosotros”, argumentaba Nelly Díaz, presidenta nacional de los trabajadores.
La definición del sindicato impone un ultimatum al Ejecutivo: “Nosotros estamos dando tiempo. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Si el gobierno quiere conversar con nosotros, que muestre la voluntad”, advirtió Díaz.
El gobierno no tardó en reaccionar. El subsecretario del Ministerio del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró que en estos casos el Ejecutivo puede “aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado”, precisando que no lo han hecho, ya que aún tendrían la esperanza de que “con diálogo se pueda construir a un servicio público que merezca el nombre de tal”.
“No puede ser una negociación se adelante a otras del servicio público y pretendan beneficios monetarios en un servicio, después en un ministerio y después en todo el servicio público, porque eso no lo resiste el país”, agregó Aleuy.
Recurso de protección
Pero el tono del conflicto aún no había llegado a su peak, pues al poco rato de la intervención del subsecretario del Interior, el sindicato del Registro Civil sacó una nueva carta, interponiendo un recurso de protección al acusar “prácticas antisindicales” del gobierno. Ello, apuntando a que el gobierno ha reemplazado trabajadores de esa repartición por otros empleados públicos.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, argumentó que no sólo se trata de una “práctica antisindical”, sino de “una inconsecuencia que el gobierno anuncie, por una parte, que se va a fortalecer la huelga y la negociación colectiva con los trabajadores y por otra parte, en su sector, se esté haciendo este tipo de prácticas (...) Nos parece impresentable”.
En la misma línea, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, afirmó que “eso contradice todo el debate de altura y convicción que hemos hecho sobre la reforma laboral”.
Además, advirtió que dichas prácticas podrían ser materia de queja ante la OIT. Así también, calificó como “afrenta” que el gobierno analice la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
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