Intensas negociaciones está enfrentando la mesa del sector público y el gobierno con el fin de alcanzar un acuerdo en relación al reajuste salarial correspondiente a 2016.
En medio del discurso de austeridad proclamado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés -y que se está sintiendo con fuerza en la discusión de las partidas del Presupuesto del próximo año-, representantes de los trabajadores señalaron que exigirán que el piso del ajuste lo marque el incremento esperado para la inflación de este año.
A octubre, el IPC anual llegó a 4% y hacia diciembre se prevé que llegue a 4,4% (según el último LatinFocus Consensus Forecast), nivel superior al ajuste de 3,3% ofrecido por Hacienda el viernes. En esa oportunidad, la contraparte redujo su solicitud de 8% a 7%.
A la luz de estos números, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, estima que la oferta del gobierno es “insuficiente” y se basa en los supuestos de Valdés de una inflación que se ubicaría en torno al 3% en 2016, proyección que a su juicio podría no cumplirse como ha ocurrido en años anteriores. “Nosotros no podríamos aceptar un reajuste que al menos tenga un porcentaje en que no tengamos pérdida”, afirma el dirigente.
De la Puente confirma que hay ánimo para dialogar, pero dada la “deficiente” propuesta entregada hasta el momento por Hacienda, no se cierra a radicalizar la posición. “No quisiéramos hacer movilizaciones, pero ante la contingencia de que esto no avance, no la descartamos”, aseguró.
Al cierre de esta edición, las partes dialogaban en la Intendencia de Valparaíso y las negociaciones se extenderían durante toda la semana.
Por ley, el reajuste debe ir al Congreso para su debate a más tardar el lunes próximo.
Otros puntos del petitorio
La solicitud de la mesa del sector público no solamente considera el tema salarial, sino también una serie de mejoramientos en las condiciones laborales, además de aguinaldos y bonos varios, punto en el que ya se habría logrado avances, específicamente para que los trabajadores a honorarios pasen a planta.
De acuerdo a lo comprometido por la presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo, el traspaso se realizará de manera gradual, y contempla 1.400 empleados este año, 4.000 en 2016 y unos 9.000 trabajadores entre 2017 y 2018.
“Además, no volvería a contratarse personal a honorarios que desempeñen funcionen regulares en el servicio público”, dijo de la Puente.
El dirigente calificó esto como un “avance”, “pero que debe estar acompañado por un porcentaje de reajuste digno”.
Respecto a la entrega del bono de término de conflicto que contempla el petitorio, habría discrepancias, ya que Valdés habría señalado que de no existir acuerdo, no se entregará tal beneficio, especialmente tomando en cuenta el apretón que está afrontando hoy la billetera fiscal, entre otros, por la caída del precio del cobre
“Eso es una pretensión de él”, asegura de la Puente, señalando que lograr un acuerdo no condicionará la entrega del mencionado bono.
Expertos: Hacienda podría ofrecer hasta 5% de aumento
En medio de la estrechez de recursos fiscales a raíz de la baja en el precio del cobre -entre otros factores-, la situación que enfrenta Rodrigo Valdés en la negociación del reajuste del salario del sector público es compleja.
Como explica la economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, el reajuste cuesta del orden de US$ 2.000 millones y dado el escenario actual que atraviesa la economía, el ajuste ofrecido por Hacienda parece razonable, pero ve complejo que se llegue a un acuerdo con una cifra que esté muy por debajo de la inflación.
"Menos de 4% de reajuste o 4,5% se va a hacer díficil, yo creo que va a estar en torno a ese nivel", plantea Cifuentes.
El economista y académico de la U. Santo Tomás, Alejandro Puente, cree que las restricciones presupuestarias no dejan mucho espacio al Ejecutivo para ceder, pero también ve un piso en torno a la inflación de este año.
"Debe estar en torno a 4,5%, yo me inclinaría a una cifra más bien cercana a 5%, porque creo que vamos a tener más de 4,5% de inflación, pero la situación fiscal no permitirá que el gobierno ceda más allá de 5%", dice.
Para Cifuentes, los otros elementos que se negocian, como bonos, beneficios y aguinaldos, también deben tomarse en cuenta, ya que han ido subiendo en forma "muy significativa" en años recientes y representan un porcentaje no menor de los recursos en discusión (43% en la anterior negociación).
"El año pasado se fueron $ 175 mil millones en el bono de término de conflicto, que aumentó 30% respecto al año anterior. Entonces, aquí son importantes las dos cosas: que el reajuste sea moderado y también los bonos", concluye.
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