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Publicado: Jueves 7 de julio de 2016 a las 04:00 hrs.
A las 12:15 horas de hoy la Presidenta Michelle Bachelet recibirá en el salón de audiencias del palacio de La Moneda al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y al agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, José Miguel Insulza.
En la cita, ambos diplomáticos le entregarán a la Mandataria la contramemoria de Chile a la demanda marítima que Bolivia presentó el 24 de abril de 2013.
La presentación del texto está fijado para el 25 de julio en la sede del tribunal. Sin embargo, en mayo de este año el ministro Muñoz había anunciado que el documento se entregaría antes.
“Ya tenemos un documento sólido que defiende los intereses nacionales y que nos da mucha confianza respecto a lo que viene por delante”, señaló en esa oportunidad el jefe de la diplomacia chilena.
Antes de cruzar a La Moneda, Muñoz se reunirá con los integrantes del Comité Asesor para la demanda y anunciará los pasos que seguirán de ahora en adelante.
Si bien el texto -además de la memoria y las eventuales réplicas y dúplicas- se mantendrá en reserva hasta el final del proceso, hay un grupo que ya conoció su contenido, incluso antes que la presidenta Bachelet.
Se trata de los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, quienes el 1 de junio recibieron en una sesión secreta al agente José Miguel Insulza. Tras el encuentro, el diputado PPD, Jorge Tarud, señaló que se habían sugerido la incorporación de algunos datos.
En distintas entrevistas, tanto el canciller como el agente Insulza, han adelantado que el contenido del texto buscará echar por tierra las “falacias” bolivianas.
La instancia también aprobó el Estatuto de Promoción de la Innovación impulsado por el Ejecutivo, que da un crédito tributario de 35% y exención de ganancias de capital a quienes inviertan en startups certificadas por Corfo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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